JEP pidió proteger a un testigo clave que al parecer pretenden declarar “loco” en el Ejército

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó verificar las condiciones de reclusión del exsargento viceprimero del Ejército José Leonairo Dorado Gaviria y evaluar su estado de salud física y mental, en atención a las garantías que esta jurisdicción otorga a quienes buscan participar en el Sistema Integral para la Paz.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitió la Resolución 2304 del 18 de julio de 2025, en la que solicitó al sistema penitenciario y hospitalario en el que está, información sobre la situación médica del compareciente.

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Entre otras acciones requeridas, ordenó establecer si ha sido trasladado en algún momento a un centro médico psiquiátrico, bajo qué condiciones y con autorización de qué autoridad.

Esta decisión responde a dos solicitudes de su defensa: una presentada en abril de 2025, en la que pidió el beneficio de libertad transitoria; y otra, en mayo, en la que se alertó sobre un incremento del riesgo para su vida y la de su núcleo familiar.

Dorado Gaviria fue condenado por la justicia ordinaria a 480 meses de prisión por secuestro extorsivo agravado y hurto agravado, tras un operativo en 2007 en Bogotá en el que simuló, junto a otros uniformados, una captura con fines de extradición para exigir dinero a cambio de liberar a una ciudadana.

La JEP reiteró que no puede aceptar su sometimiento ni concederle beneficios por estos hechos, ya que no guardan relación directa o indirecta con el conflicto armado.

La Sala explicó que se trató de un delito común motivado por beneficio económico personal, lo que impide aplicar el criterio de competencia material exigido para otorgar libertad transitoria, condicionada y anticipada.

A pesar de esta decisión, la Jurisdicción señaló que Dorado Gaviria ha entregado información en los macrocasos 06 y 08, que investigan crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica y alianzas entre agentes estatales y estructuras paramilitares.

En octubre de 2024 rindió versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento, en la que se refirió a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

En abril de 2025, esa sala le otorgó un concepto de probidad parcial positivo, lo que abrió la puerta a nuevas valoraciones. Además, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas indicó que sus aportes han sido efectivos en procesos en Bogotá, Meta, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Putumayo.

La defensa del exmilitar solicitó medidas adicionales de protección, luego de que se hicieran públicas algunas de sus declaraciones, tanto en medios de comunicación como en diligencias oficiales. La W Radio y la revista Cambio publicaron apartes de sus testimonios sobre supuestos crímenes cometidos por altos mandos militares.

Como consecuencia, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP recibió la orden de realizar un nuevo estudio de riesgo y evaluar un esquema de protección para él y su familia. La defensa aseguró que su seguridad se ha visto comprometida tras la manipulación de uno de los puntos donde señaló que podrían hallarse restos humanos.

Además, denunció que el 4 de julio de 2025 fue trasladado de celda en el centro de reclusión EJEPO, en Bogotá, sin atender las medidas ordenadas por la JEP, lo que, según su abogada, incrementó su vulnerabilidad.

Y es que la polémica surgió a raíz de una denuncia de la revista Cambio, que señaló que Dorado Gaviria fue llevado a una clínica psiquiátrica en contra de su voluntad y sin una evaluación previa por parte de un especialista en salud mental.

Según la publicación, inicialmente el exagente fue remitido al Hospital Militar para una resonancia, pero luego fue trasladado a la Clínica Santo Tomás como paciente psiquiátrico.

La revista también aseguró que el acceso al compareciente fue negado en un primer momento a su familia, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, y que solo tras la intervención de estas instituciones se permitió el ingreso de su hija y de funcionarios del Ministerio Público.

En presencia de ellos, Dorado Gaviria afirmó que no padecía ninguna condición psiquiátrica y que estaba allí en contra de su voluntad.

En respuesta al artículo titulado “Operación silencio: la macabra estrategia del Ejército para intimidar y declarar loco a uno de los principales testigos de la JEP”, la institución cuestionó que se vincule al Ejército con acciones irregulares, y sostuvo que cumplió exclusivamente con su deber de garantizar atención médica.

“Llama la atención que el medio de comunicación publique una acusación que compromete a una institución que no hizo más que garantizar atención médica a una persona que la requirió”, indicó el comunicado.

Asimismo, concluyó que las disposiciones del Ejército “jamás han estado orientadas a la realización de actos contrarios a la ley” y reiteró que su misión se enmarca en los principios del Estado Social de Derecho y el respeto a la Constitución.

Frente a la denuncia, el Ejército aseguró el 13 de julio que no existe una estrategia institucional para declarar “loco” al testigo. Explicó que el traslado se dio “conforme a lo recomendado por profesionales de la salud” y negó que se tratara de una medida irregular.

“El traslado se hizo conforme a lo recomendado por profesionales de la salud”, precisó el Comando del Ejército, al señalar que las decisiones fueron adoptadas por personal médico calificado y no por autoridades militares.

La institución sostuvo que los procedimientos aplicados en el Establecimiento de Reclusión del Cantón Militar de Puente Aranda (CPAMS EJEPO) cumplen con los protocolos establecidos en la ley penitenciaria y reiteró que cualquier atención médica o diagnóstico está protegido por la cláusula de reserva médica.

“El Ejército cumplió con su deber de garantizar atención médica”, concluyó el comunicado, en el que también se afirmó que las decisiones institucionales “jamás han estado orientadas a la realización de actos contrarios a la ley”.

La situación jurídica de Dorado Gaviria, precisó la entidad, está en manos de la jurisdicción competente y no bajo control del Ejército.

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