¿Quién será el nuevo “Tapado” de Cuba!

LA HABANA, Cuba.- En mi condición de jurista, siempre he prestado especial atención a los temas del Derecho Constitucional. Tanto es así, que en 2008, a través de la Editorial Hispano-Cubana, de Madrid, logré publicar un libro consagrado íntegramente al tema: Me refiero a Constitucionalismo y cambio democrático en Cuba.

Sé por experiencia que, con frecuencia, los lectores no especializados suelen no prestar mucha atención a esos temas. Considero que hacer tal cosa constituye un error, porque en los temas constitucionales —por ser los más importantes que hay dentro del derecho— suelen reflejarse de modo admirable las características fundamentales de una sociedad dada.

Eso ha sucedido, creo, con la reciente reforma de la actual Constitución de Cuba (a la cual yo, para diferenciarla de las precedentes y porque —además— creo que lo merece, atribuyo el adjetivo de “raulista”). Como se ha informado ampliamente, en la recién concluida reunión de la llamada “Asamblea Nacional del Poder Popular” se aprobó eliminar el requisito de que quien sea electo por primera vez para ocupar el cargo de Presidente de la República no haya cumplido los 60 años de edad.

En incidencias como esta de ahora se pone de manifiesto la enorme diferencia que existe entre un país autoritario de partido único como el nuestro, y otro cualquiera que disfrute de la democracia. En uno cualquiera de estos (en la misma Cuba, cuando era regida por las cartas magnas de 1901 o 1940, sin ir más lejos), el texto supralegal representa una garantía de estabilidad, de seguridad jurídica. Cualquier reforma del mismo representaba un proceso prolongado y complejo, que concitaba la justa atención de la ciudadanía durante un período de tiempo considerable.

En nuestra atribulada Isla del día de hoy, no es así. Aquí basta con que se formule una idea procedente de las altas esferas del partido único. En este caso, una exteriorizada por el general de ejército Raúl Castro. Él, pese a no ostentar ya los cargos superiores de Primer Secretario del Partido ni Presidente de la República, sigue siendo reconocido como jefe supremo del país, con el título extraoficial de “Líder de la Revolución”.

Ambas propuestas fueron de su cosecha., incluida la de años atrás, para limitar la primera elección del Presidente de la República a personas que no hubiesen cumplido 60 años de edad. Cualquiera hubiera podido pensar que el propósito de ese mandamás supremo, en aquel momento, era el de propiciar, como cuestión de principio, el acceso a la primera magistratura de la República de personas que aún no hubiesen arribado a la tercera edad.

En la propuesta de hace unas horas, por el contrario, pareciera estarse expresando aquello de que “donde dije digo, dije Diego”… Se propone justamente lo contrario de aquella otra reforma constitucional. Para justificar la contradicción, altos funcionarios (como el mismo Esteban Lazo, presidente del mal llamado “Parlamento Cubano”) han alegado que la marcha atrás estaría justificada por el envejecimiento poblacional de nuestra Isla.

Considero que ambas decisiones (la inicial que prohibió la elección de sexagenarios y la actual que la reautoriza) no fueron adoptadas en base a concepciones de principios. Se trata, por el contrario, de reformas ajustadas a las intenciones del aludido “Líder de la Revolución”: si hace años consideró pertinente proponer como nuevo Presidente a un cincuentón (Miguel Díaz-Canel), no hubo dificultad alguna para reformar la Constitución en ese sentido. Ahora, por el contrario, tiene en mente designar, como sucesor del Jefe de Estado en funciones (“Tapado”, le decían en el México de la “dictadura perfecta” del PRI), a un señor que sí ha cumplido la sesentena, y tampoco hay dificultad alguna para realizar la contramarcha.

Porque lo que sí pasma es el carácter exprés con el que se formuló la propuesta y con el que ella fue aprobada, de forma unánime, en votación nominal, por cada uno de los diputados presentes en la sesión. No se expresó ningún criterio opuesto a la medida; tampoco hubo un voto en contra de la reforma; ni una simple abstención.

¿Y todavía habrá, en el seno de la dirigencia castrocomunista, quien se asombre de —digamos— la renuencia de los inversores extranjeros a arriesgar sus capitales en la Cuba actual! Cualquiera podría pensar que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, ¡pero no es así! ¡En absoluto!

La misma facilidad con la que se retrotrae lo dispuesto por una anterior reforma constitucional de signo opuesto es la que se emplearía para erosionar, llegado el caso y momento, el derecho de propiedad de esos propietarios foráneos sobre sus empresas y emprendimientos.

Se trata de la falta de seguridad jurídica en todo su esplendor. Nadie tiene garantía alguna de que las normas jurídicas (incluyendo las de la Constitución, como las más importantes y superiores) gocen de estabilidad; que no sean cambiadas de la noche a la mañana cuando así lo establezca la voluntad de quien en un momento dado ejerza la jefatura suprema.

Por supuesto que, ante esa realidad irrefutable, sólo un demente o un irresponsable accedería a poner en riesgo su propio capital o —¡peor aún!— el de los socios que han confiado en la buena administración que pueda realizar quien encabece la compañía en la que todos son accionistas.

Y así marcha la Cuba de hoy. Al derrumbe de la producción, a los interminables apagones, a la inexistencia o pésima calidad de los servicios, se suma ahora una nueva reforma constitucional, en la que se pone de manifiesto, una vez más que, ante la voluntad del jefe supremo, no hay norma alguna (¡ni las de mayor jerarquía!) de la cual pueda confiarse en que quede inalterada y sea respetada.