Médico veterinario en Itagüí fue imputado por la muerte de una perrita embarazada

El 2 de noviembre de 2024, Henry León Sánchez habría aplicado la eutanasia a una perrita llamada Alma, que estaba embarazada, sin que existiera evidencia clínica que lo justificara.

Un veterinario fue imputado en Itagüí (Antioquia) por presuntamente causar la muerte de una canina en estado de gestación, a la que le habría practicado una eutanasia sin justificación médica. El hecho fue detectado por la Policía cuando el procesado transportaba el cuerpo sin vida del animal en una bolsa plástica junto a varios frascos con químicos usados en este tipo de procedimientos.

Según explicó la Fiscalía General de la Nación, el 2 de noviembre de 2024, Henry León Sánchez Sánchez, médico veterinario, habría aplicado la eutanasia a una perrita llamada Alma, que estaba embarazada, sin que existiera evidencia clínica que lo justificara.

El animal había sido confiado al profesional para su atención temporal y posterior entrega en adopción. Sin embargo, ese mismo día fue sorprendido por uniformados de la Policía de Vigilancia cuando se movilizaba con el cuerpo del animal dentro de una bolsa negra. En el mismo empaque fueron hallados frascos con sustancias químicas utilizadas comúnmente en eutanasias.

Durante la audiencia, una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) señaló que el veterinario fue capturado en flagrancia y que incumplió su obligación profesional de garantizar el bienestar del animal mientras estaba bajo su cuidado.

La funcionaria del ente acusador imputó a Sánchez el delito de maltrato animal, contemplado en el Código Penal colombiano. No obstante, el señalado no aceptó el cargo durante la audiencia ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía sostuvo que el veterinario habría actuado sin realizar evaluaciones médicas previas y que se valió de sus conocimientos profesionales para aplicar medicamentos con los que, presuntamente, le causó la muerte al animal.

Con la entrada en vigor de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, las sanciones por maltrato animal se endurecieron. La norma establece penas de entre 32 y 56 meses de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos en casos de muerte causada mediante actos de crueldad.

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También contempla inhabilidades para ejercer profesiones relacionadas con el manejo de animales y, en algunos casos, la prohibición permanente de tener mascotas. El abandono y las lesiones graves también son castigados con penas similares.

La Fiscalía recordó que cualquier ciudadano puede denunciar casos de maltrato animal ante las autoridades. Las denuncias pueden presentarse en estaciones de Policía, alcaldías, la página web de la Fiscalía o la aplicación ADenunciar. Además, algunos municipios disponen de rutas especializadas para la atención y respuesta rápida frente a estos casos.

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