Pasaportes: Procuraduría abre investigación contra excancilleres Sarabia y Murillo, y el jefe de Despacho Alfredo Saade

Según la Sala Disciplinaria de Instrucción del ente de control, los funcionarios habrían incurrido en presuntas irregularidades al momento de garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos.

El Ministerio Público señaló que en el caso de Murillo y Sarabia, al parecer, “no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso” durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial. A ello se suma que presuntamente Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.

Por otro lado, en el caso de la saliente canciller Laura Sarabia habría conocido en abril de 2025 que “el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo”, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional.

Además, en el caso de Saade, al parecer, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.

Lo anterior, luego de que Sarabia denunció que Saade intervino directamente en el proceso de transición en la contratación de pasaportes sin consultarla. Según contó, el jefe de despacho convocó a su equipo para darles instrucciones contrarias a las suyas: mientras ella pedía avanzar en una prórroga del contrato con Thomas Greg que vence el 1° de septiembre, él les habría ordenado retrasar la asignación de citas para “hacer rendir” el inventario actual.

“Cuando lo confronté, me dijo que no había problema en demorarle la cita a la gente, que así los pasaportes alcanzaban más”, relató Sarabia.

La Procuraduría anunció que dentro de las pruebas que se ordenaron para el desarrollo de esta etapa procesal, se solicitó el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, para que a través de inspección a la Imprenta Nacional, determine si tiene o no la capacidad técnica para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes.

Rosa Yolanda Villavicencio se estrenó ayer como canciller encargada en reemplazo de Laura Sarabia. La funcionaria –que otrora elogiaba a Hugo Chávez y defendía el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela–, participó en una reunión de primer nivel en búsqueda de atajar una crisis mayúscula: que Colombia no se quede sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del 1° de septiembre. Es decir, en poco más de mes y medio.

A expensas del jefe de gabinete, Alfredo Saade, varios de los responsables de definir el futuro del servicio se dieron cita en Palacio. Además de delegados de la Embajada de Portugal, allí concurrieron Villavicencio y la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera.

Al término del encuentro no se conocieron conclusiones ni acuerdos tangibles; sin embargo, Saade quiso dar un parte de tranquilidad en medio de una crisis que comienza a acentuarse y hacerse tangible en las largas filas de ciudadanos que buscan acceder a una cita en ciudades como Bogotá.

“No es solo un tema de pasaportes (que es demasiado importante) es un tema de soberanía nacional. No se deje engañar, todo va bien”, dijo Saade. Sin embargo, otra parece ser la realidad.

A través de un derecho de petición –es decir, un documento oficial que emana de una entidad del Estado– la propia Cancillería reconoció que se requieren 35 semanas (alrededor de nueve meses) para dar inicio a la operación de un eventual convenio entre el Gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional para que sea el Estado, y ya no un tercero, quien asuma la prestación del servicio.

Se trata de un cronograma que preocupa si se tiene en cuenta que en poco menos de dos meses concluye el actual contrato con la firma Thomas Greg & Sons.

“Un último motivo que afecta el cronograma son los tiempos que requiere la Imprensa Nacional Casa da Moeda para dar inicio a la operación que, de acuerdo con información suministrada por esta entidad, podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el Convenio Interadministrativo, lo cual haría inviable iniciar operaciones el 01 de septiembre de 2025”, admitió la Cancillería.

El documento –que fue respondido a la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde)– indica también que “a la fecha no existe un acuerdo aprobado” en el que se precisen los términos, derechos, obligaciones y contraprestaciones. Inclusive, que tampoco “se tiene una fecha estimada para ello”.

Finalmente, el Ministerio informó que contempla tres escenarios para darle continuidad al servicio. Uno de ellos fue justamente el que precipitó la salida de la canciller Laura Sarabia quien, vía urgencia manifiesta, buscaba suscribir un contrato con la Unión Temporal de la que forma parte Thomas Greg y Sons por entre nueve y 11 meses, “de modo que en ese tiempo se siga preparando el nuevo modelo”. Dicha alternativa fue rechazada de tajo por el presidente Gustavo Petro y derivó en la renuncia de la funcionaria.

Por otro lado, se contempla “continuar avanzando” en las gestiones para materializar la suscripción de un convenio específico entre la Imprenta Nacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores-Fondo Rotatorio. Justo esa sería la salida en la que trabaja Saade.

Sin embargo, se advierte que “este convenio tendría vigencia siempre y cuando la Imprenta Nacional de Colombia logre asociarse con la Casa de la Moeda de Portugal, en donde se defina un cronograma de implementación del nuevo modelo, y donde se aclaren los aspectos presupuestales y técnicos en donde la prestación del servicio no se vea desmejorada”.

Por último, no se descarta celebrar una licitación pública hasta 2026 en la que se establezca la obligatoriedad de que quien resulte ganador fortalezca las capacidades de la Imprenta y transfiera el conocimiento de la operación, “a efectos de que, a su finalización, la entidad pública se encuentre preparada para asumir la operación en su integralidad”.

En este contexto, entraría a pujar la firma colombiana Cadena S.A., que desde hace años ha buscado abrirse paso en el millonario proceso y que en más de una oportunidad ha pedido pista, poniendo a disposición no solo su capacidad técnica, económica y experiencia, sino continuidad en el servicio.