Crudo relato: la indignante tortura por la que Alias 19 y otros tres integrantes de la Primera Línea fueron condenados

Tras salir de su trabajo, y ante la imposibilidad de encontrar transporte por los disturbios cerca del Portal de las Américas, Luis Miguel decidió caminar. Pero al final lo que encontró en su camino fue mucho más que un simple tropiezo.

Al pasar por un parque, Luis Miguel se topó con un grupo que retenía a otro hombre. Su curiosidad lo llevó a acercarse, a preguntar qué sucedía. Fue entonces cuando su odisea comenzó.

“¡Tombo hijueputa, usted es un violador!”, le gritaron, confundiéndolo con un agente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Después, tres individuos lo sujetaron, le ataron las manos y los pies con los cordones de sus propios zapatos y con cinta adhesiva.

Según la investigación de las autoridades, como si fuera un secuestrado, lo llevaron a un campamento improvisado, lo despojaron de sus pertenencias y, finalmente, lo ataron a un poste.

La agresión no paró ahí. Lo golpearon con palos y maderas, y le untaron pintura roja en la cabeza y rociaron gasolina en su pantalón. Con un cuchillo le hicieron cortes mientras le decían insultos, pero la tortura se extendió por más de dos horas.

Su liberación solo fue posible gracias a la intervención oportuna de los defensores de derechos humanos, quienes, identificados con chalecos de la CIDH, lograron su rescate. Así lo contaron los testigos antes de la sentencia.

Al final, detallaron que solo le entregaron 9.000 pesos para que tomara un taxi y regresara a casa, dejando atrás la escena de horror que había vivido y por la cual estuvo a punto de perder la vida.

La brutalidad de lo vivido por Luis Miguel, descrito como una “indignante” escena que posteriormente se difundió en diversos medios locales, fue uno de los detonantes del proceso judicial actual y ejemplar.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó recientemente el fallo de primera instancia contra Marcela Ivone Rodríguez Parra, Johann Steven Sainea Rubio, Fernando Urrea Martínez y Sergio Andrés Pastor González, alias 19.

La decisión, informada el pasado 20 de junio, los halló responsables de los delitos de concierto para delinquir y tortura, en hechos que se remontan a las protestas sociales de 2021.

La investigación reveló que los condenados eran figuras clave de la autodenominada ‘Primera Línea Portal Américas’, una estructura organizada que operaba principalmente en las localidades de Kennedy y Bosa.

Desde campamentos en zonas verdes, con extensión por el Parque Mundo, este grupo se dedicaba a recolectar materiales para fabricar explosivos y armas artesanales. La recolección de botellas, líquidos inflamables y pólvora era sistemática entre ellos.

Además, contaban con una sofisticada infraestructura: ollas para preparar alimentos, anillos de seguridad, puestos de salud improvisados y zonas de entrenamiento con escudos hechos de señales de tránsito.

De acuerdo con el informe de las autoridades y la misma investigación, su vigilancia en la zona era constante, ya que buscaban impedir cualquier infiltración de la fuerza pública.

Testimonios de investigadores y testigos detallaron la estructura jerárquica del grupo: una primera línea de escuderos, una segunda encargada de atacar a la Policía con piedras y bombas molotov, y una tercera y cuarta dedicadas a la logística y atención de heridos.

Luis Miguel Jaramillo no fue la única víctima. Jaime Eduardo Castro Murcia, testigo clave del juicio, también declaró haber presenciado torturas a civiles en estos campamentos, reconociendo a los mismos alias: ‘Ivone’, ‘19’, ‘Calarcá’ y ‘Soldado’.

La sentencia fue contundente. El Tribunal impuso a los cuatro implicados una pena de 175.5 meses de prisión, equivalentes a 14 años y 7 meses, además de una multa económica de 1.549,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Los acusados, se reitera, recurrieron a actos inhumanos, degradantes y completamente injustificados para imponerle un castigo personal para doblegar su voluntad, disminuir su capacidad física y mental, con el propósito de obtener de él confesión de ser integrante de la Policía Nacional, recabar información sobre el paradero de una persona que supuestamente había sido retenida por esa institución y, obstruir la presunta infiltración de policías en la estructura delincuencial”, dictó la sentencia.

Todos quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y no recibieron beneficios judiciales como prisión domiciliaria o libertad condicional. La orden fue clara: permanecerán privados de la libertad en centros penitenciarios bajo custodia del Inpec.

Y es que esta condena, que ya había sido dictada en noviembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, es una repercusión clara sobre la gravedad de los actos ocurridos durante el Estallido Social.

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