Nicaragua otorga asilo político a dirigente panameño buscado por corrupción – Nicaragua Investiga

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua confirmó este miércoles 18 de junio la decisión de otorgar asilo político a Erasmo Antonio Cerrud Pinzón, dirigente sindical panameño prófugo de la justicia y secretario de defensa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

La decisión del régimen de Daniel Ortega se produce en medio de una persecución judicial contra Cerrud, quien es requerido por las autoridades panameñas por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La Policía Nacional de Panamá había ofrecido inicialmente una recompensa de 5,000 dólares por información que condujera a su captura, monto que posteriormente se incrementó a 10,000 dólares.

Las acusaciones contra Cerrud

Según el comunicado oficial, la investigación contra Cerrud surgió tras una querella presentada por extrabajadores de un proyecto de construcción en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro. La denuncia que data del 2022, fue presentada por un grupo de trabajadores del Suntracs en Bocas del Toro.

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El caso de Cerrud se enmarca dentro de una investigación más amplia que involucra a varios dirigentes del SUNTRACS. La sede central del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) de Panamá fue allanada este miércoles, mientras la Fiscalía emitió órdenes de arresto contra el secretario general del sindicato, Saúl Méndez, el exsecretario general, Genaro López y Erasmo Cerrud.

La justificación nicaragüense

En la nota oficial enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la dictadura nicaragüense argumenta que Cerrud «solicitó Asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá, por considerarse perseguido por razones políticas relativas al ejercicio de su actividad sindical, estando en peligro su vida, integridad física y libertad individual».

El documento invoca la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificada por Nicaragua, para justificar la decisión. Managua sostiene que «reconociendo que el Asilo es una Institución de carácter humanitario y que toda persona puede estar bajo su protección, sin distingo de nacionalidad», ha decidido otorgar asilo a Cerrud y solicita a Panamá «brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del Asilado».

Nicaragua como refugio de fugitivos

Esta decisión confirma una tendencia que ha caracterizado al régimen sandinista durante los últimos años. Desde funcionarios acusados de escandalosas corruptelas, pasando por narcotraficantes de alto perfil y hasta secuestradores y asesinos a sangre fría, la Nicaragua del sandinismo sirvió y sirve todavía de refugio para individuos de todo el mundo con deudas pendientes con la ley.

El gobierno de Ortega ha desarrollado una política sistemática de conceder asilo a personas investigadas por corrupción y otros delitos en sus países de origen. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgaron recientemente asilo político al controvertido empresario y operador político guatemalteco Gustavo Herrera Castillo, evidenciando un patrón recurrente.

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Esta práctica contrasta dramáticamente con la situación de miles de nicaragüenses que han debido huir de su propio país. Casi dos años después del comienzo de una seria crisis política y social en Nicaragua, más de 100.000 personas se han visto forzadas a huir y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos reportadas en el país.

Contexto político

El caso de Cerrud se produce en un momento de tensión entre los sindicatos panameños y el gobierno del presidente José Raúl Mulino. El canciller negó las acusaciones que hizo más temprano el Suntracs en la que aseguran que Saúl es un perseguido político del gobierno del presidente José Raúl Mulino, defendiendo que «Este es un país donde se respeta el Estado de derecho, donde cada uno tiene la capacidad de defenderse».

La decisión nicaragüense de otorgar asilo a Cerrud representa un nuevo episodio en la compleja relación entre ambos países y subraya la utilización política del derecho de asilo por parte del régimen sandinista. Mientras Nicaragua niega protección a sus propios ciudadanos que huyen de la represión, extiende su manto protector a individuos acusados de corrupción en países vecinos, consolidando su reputación como refugio de fugitivos de la justicia en la región.