USCIS emite más de 26.700 órdenes de deportación de EE.UU.

MIAMI, Estados Unidos. — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha iniciado procedimientos de remoción contra más de 26.700 personas extranjeras desde que, el 28 de febrero, emitiera nuevas directrices sobre la emisión de Notificaciones de Comparecencia (Notices to Appear, NTA), según informó la agencia en un comunicado oficial.

La decisión forma parte de la implementación de la “Orden ejecutiva para la protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, firmada por el presidente Donald Trump y, supuestamente, busca reforzar la seguridad nacional, la protección pública y la integridad del sistema migratorio del país.

“Esta actualización ha ayudado a USCIS a hacer cumplir las leyes migratorias existentes al volver a emitir NTA a los extranjeros expulsables en Estados Unidos”, declaró el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

El funcionario añadió que, “bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, hemos regresado a políticas de sentido común en materia de NTA y desde febrero de 2025 hemos emitido decenas de miles de NTA para restaurar la integridad y garantizar la seguridad del sistema migratorio de nuestra nación”.

Según USCIS, el nuevo enfoque se traduce en un promedio de 1.840 NTA semanales, de las cuales alrededor de 500 corresponden a casos relacionados con solicitudes de asilo y 100 a personas acogidas al Estatus de Protección Temporal (TPS).

El comunicado también señala que, desde el cambio de política, ha habido un incremento del 2,811% en las NTA vinculadas a fraudes migratorios con respecto al periodo de la administración Biden-Harris. USCIS asegura que este fortalecimiento de los controles responde al objetivo de reducir la explotación del sistema a través de “programas humanitarios y de TPS”.

La orientación administrativa establece que USCIS procederá, por regla general, a emitir una NTA después de una decisión desfavorable sobre una solicitud de beneficio migratorio cuando el solicitante sea considerado removible del país. El comunicado aclara que “en situaciones limitadas”, la agencia ejercerá discreción procesal.

También se aclara que el nuevo memorando no modifica los procedimientos en los casos donde la emisión de una NTA es obligatoria por ley o regulación, ni los procedimientos específicos para beneficiarios de TPS o del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

USCIS advierte que quienes hayan perdido la protección del TPS y no cuenten con otra autorización para permanecer legalmente en el país, “pueden estar sujetos a la emisión de una NTA”. A estas personas se les alienta a abandonar el país de manera voluntaria utilizando la aplicación oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP Home).

La política forma parte de un esfuerzo coordinado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que USCIS está apoyando mediante personal voluntario. El objetivo, según la agencia, es “proteger al público y garantizar la integridad del sistema migratorio”.

En paralelo, USCIS afirma haber reforzado el proceso de revisión y verificación rigurosa de solicitudes migratorias, al tiempo que prioriza estrategias de disuasión. Estas medidas, según el comunicado, buscan evitar el uso fraudulento de vías como el asilo o los programas de protección temporal.

“USCIS ha vuelto a procesos sólidos de investigación y verificación de solicitudes de inmigración, al tiempo que prioriza esfuerzos de disuasión”, subraya el texto oficial.

Aunque el comunicado no especifica la nacionalidad de las personas afectadas, la aplicación generalizada de la medida tiene implicaciones directas para miles de migrantes cubanos, en particular para aquellos con solicitudes de asilo aún pendientes o sin un estatus migratorio legal vigente.

La ofensiva migratoria emprendida por la Administración Trump, ampliamente criticada por grupos de derechos humanos, marca un giro radical respecto a las políticas anteriores: se enfoca en la expulsión acelerada de inmigrantes sin estatus legal, la reducción de los beneficios migratorios y el endurecimiento del control fronterizo y documental.