Más apagones, más calor y menos esperanza: el plan del régimen no da corriente

Solo hay 1 120 MW disponibles para julio, el Gobierno aún no paga un buque de gas licuado ya atracado, y las patanas que generan 400 MW podrían irse por “dificultades para honrar los compromisos monetarios”.

MADRID, España.- La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles alarmantes, con apagones que superan los 1 600 megawatts (MW) de afectación diaria en las horas pico, reconoce el propio régimen en un reciente artículo publicado por Granma. Lejos de ser una novedad, el colapso del sistema eléctrico nacional se ha vuelto parte del día a día de millones de cubanos, mientras el discurso oficial se limita a justificar la situación con promesas vagas y tecnicismos, sin ofrecer alivio real ni soluciones viables a corto plazo.

Aunque el Gobierno asegura tener una “estrategia” para disminuir las afectaciones, el propio viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, admite que esta supondrá más apagones debido a la salida de varias unidades termoeléctricas por mantenimiento y, sobre todo, por la persistente escasez de combustible.

La población no solo sufre apagones prolongados, sino también una evidente desigualdad en la distribución de las afectaciones entre territorios. No existe homogeneidad ni transparencia en la rotación de los cortes, generando un sentimiento de abandono y desprotección en muchas zonas del país. A esto se suma el deterioro de infraestructuras clave: varias centrales termoeléctricas están operando con equipos que superan los 50 años de uso, como en el caso de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, donde los tubos de la caldera colapsan sistemáticamente.

El régimen planea recuperar parcialmente algunos bloques como Felton 2, Mariel 7, Nuevitas 4 y Renté 4, que añadirían 550 MW a la capacidad del sistema. Sin embargo, estas reparaciones, que requieren materiales, tiempo y dinero que el país no tiene garantizados, apenas compensarían la pérdida acumulada desde 2019. Por otro lado, la promesa de incorporar 1 115 MW mediante parques solares fotovoltaicos para enero de 2026 suena más a propaganda que a solución, ya que incluso los funcionarios admiten que esta energía es inestable y no sustituye la generación térmica. De hecho, en caso de una caída del sistema eléctrico nacional, esos parques deben desconectarse porque agravan la inestabilidad del sistema.

Además del déficit estructural de generación, la demanda sigue en ascenso. Desde 2018 hasta 2024, Cuba ha importado más de 17 millones de electrodomésticos y vehículos eléctricos, lo que ha incrementado el consumo sin que se refuercen las redes eléctricas, apuntó el directivo. El resultado es un colapso progresivo de los transformadores: solo en La Habana, colapsaron diez en un solo día la semana pasada, según datos del propio Minem.

Por si fuera poco, las famosas “patanas” —barcazas flotantes alquiladas a empresas extranjeras— podrían abandonar el país ante la incapacidad del Estado cubano de cumplir sus compromisos financieros. Estas plataformas aportan unos 400 MW, y su salida sería un nuevo golpe para una red eléctrica que apenas se sostiene. El propio Gobierno reconoce que aún no ha conseguido los fondos para pagar un buque con gas licuado de petróleo (GLP), lo que implica más presión sobre la generación eléctrica, al verse forzadas muchas familias a cocinar con electricidad en medio de los apagones.

Mientras tanto, se anuncian nuevas fábricas de transformadores en Villa Clara y otros territorios, pero los funcionarios admiten que la producción sigue siendo insuficiente para reponer el deteriorado parque actual. También se “gestionan” recursos metálicos y créditos internacionales, pero sin garantías reales de ejecución. De hecho, el plan de recuperación del bloque Felton 2 requiere no menos de 70 millones de dólares y se estima que tardará al menos dos años y medio.

La realidad, más allá de las cifras y discursos oficiales, es que el sistema eléctrico cubano está colapsado y la ciudadanía está pagando un alto precio en calidad de vida. El Gobierno admite la crisis, pero no presenta medidas inmediatas que protejan al pueblo. En su lugar, continúa aferrado a un modelo obsoleto, sin voluntad política para cambiar ni permitir alternativas democráticas que garanticen transparencia, eficiencia y derechos básicos.