Senado elegirá hoy al nuevo magistrado de la Corte Constitucional entre dos destacadas juristas y el abogado de Petro

A las 2 de la tarde, la plenaria del Senado se reúne para tomar una decisión clave: elegir al reemplazo de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. Aunque todos los aspirantes provienen de una misma terna presentada por el presidente Gustavo Petro, la jornada promete ser tensa y podría tener efectos profundos en el equilibrio de poderes.

Hasta la semana pasada, la elección parecía definida. Héctor Carvajal, abogado penalista y actual defensor personal del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral por el caso de presunta violación de topes en campaña, tenía casi asegurado el respaldo de las mayorías. Sin embargo, recientes roces entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habrían generado un efecto bumerán.

El Partido de la U, que había manifestado su apoyo a Carvajal, estaría reconsiderando su voto. Eso, sin embargo, aún está por verse. Carvajal, como es bien sabido tiene una cercanía con la gobernadora vallecaucana. Y cuenta con respaldo dentro de la bancada conservadora, incluyendo al presidente del Senado, Efraín Cepeda, sin desconocer sus relaciones estrechas con miembros del Partido Liberal.

La eventual llegada de Carvajal cambiaría el equilibrio ideológico dentro del alto tribunal, pues remplazaría a Cristina Pardo, considerada una voz conservadora, por una figura cercana al Gobierno. Si se concreta su elección, Petro sumaría un segundo magistrado afín en la Corte, después de haber impulsado la llegada de Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico.

Diversos sectores de la sociedad civil han pedido al Congreso que descarte al abogado cercano al mandatario, alegando posibles conflictos de interés y falta de garantías de independencia judicial.

Carvajal ha sido una figura polémica no solo por su relación directa con Petro, sino porque se esperaba que la terna estuviera integrada únicamente por mujeres, como gesto de continuidad en la equidad de género dentro del alto tribunal, cuya silla vacante era ocupada por una magistrada.

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Además del jurista, completan la terna las juristas Karena Caselles y Dídima Rico. Aunque con menor visibilidad política, ambas cuentan con trayectorias jurídicas sólidas y perfiles técnicos ampliamente reconocidos. No obstante, en los pasillos del Capitolio se percibe que su respaldo es más modesto frente al empuje político de Carvajal.

Karena Caselles, por su parte, ha tenido que sortear cuestionamientos sobre un posible vínculo indirecto con el Ejecutivo. Su esposo, Luciano Sanín, fue recientemente designado en un cargo en el Ministerio de Minas. Frente a esto, la candidata ha respondido con firmeza a los señalamientos, desmarcándose de cualquier cercanía política.

“Yo no puedo responder por las vinculaciones políticas de Luciano. Él ha trabajado con todos los gobiernos y partidos sin excepción. En mi caso, no milito en ningún partido, no tengo redes sociales y he sido reconocida por mi independencia e integridad por la Corte Suprema de Justicia, Usaid y la Corporación Excelencia en la Justicia”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

Caselles es abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en derecho constitucional y administrativo del Rosario, y magíster en derecho laboral del Externado. Su hoja de vida ha sido valorada por su solidez técnica, aunque no cuenta con las mismas conexiones políticas que su principal contendor.

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La tercera integrante de la terna, Dídima Rico, también destaca por una extensa trayectoria. Abogada de la Universidad Autónoma, especialista en derecho penal de la Universidad Nacional y doctora en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid.

Ha sido investigadora en Colciencias y magistrada auxiliar del Tribunal para la Paz de la JEP, en la Sección de Ausencia de Reconocimiento y Verdad.

La jornada no solo se trata de escuchar a los candidatos y elegir magistrado. En el trasfondo, lo que se juega es una ficha decisiva en el tablero de pesos y contrapesos institucionales.

El nuevo magistrado o magistrada no solo será juez constitucional durante ocho años, sino que podrá inclinar la balanza en decisiones que afectan directamente al Ejecutivo, en un momento en que el Gobierno de Petro enfrenta múltiples litigios, cuestionamientos y retos normativos ante la Corte.

La decisión de los senadores definiría el rumbo del equilibrio de poderes en Colombia. La Corte Constitucional podría terminar hoy con una nueva voz, que hable más cerca del Palacio de Nariño.