Hueco por subsidios del Gobierno en Afinia ya se agrandó a 801.900 millones de pesos

Sin importar los múltiples llamados de ayuda y denuncias públicas, el hueco en las cuentas de Afinia por cuenta del impago de los subsidios a la energía por parte del Gobierno Nacional sigue agrandándose.

De acuerdo con las cifras más recientes reveladas por el Grupo EPM, dicho faltante ya era de $801.900 millones al cierre de abril pasado, lo que equivale a un incremento de $106.900 millones en lo que va de este año.

Pese a que desde carteras como el Ministerio de Minas y Energía, Hacienda y hasta el presidente Gustavo Petro han sostenido que dichos compromisos se han cumplido, EPM sostuvo que de los $801.900 millones que están sin pagar, por lo menos $484.981 millones ya tendrían incluso resolución por parte de Hacienda y aún así siguen en el limbo.

Esta alerta presupuestal fue uno de los elementos centrales del más reciente balance contable presentado por esa filial, que desde su entrada en funcionamiento en octubre de 2020 ya le ha costado a las arcas de EPM más de $2,88 billones, en un plan de inversiones tasado en $3,6 billones.

Aunque dicha filial ha logrado levantar cabeza en varios indicadores de prestación del servicio, como la duración promedio de las interrupciones y la cantidad de las mismas para sus más de 1,8 millones de usuarios, la compañía aún representa un desangre para las arcas de Medellín.

Las primeras denuncias por el impacto de los subsidios a los servicios públicos a Afinia surgieron en enero de este año, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que el Gobierno Nacional tenía penando a todo el Grupo EPM por un faltante de $1,25 billones, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Entérese: Las falsas verdades de Petro sobre la energía eléctrica, Hidroituango y EPM

De acuerdo con datos entregados entonces por el alcalde, la situación más grave era, de lejos, la de Afinia, que arrastraba un déficit de $695.000 millones.

En la lista también aparecía la casa matriz con subsidios pendientes por pagar por $227.000 millones, Chec (filial en Caldas y Risaralda) con uno de $62.000 millones; Cens (Norte de Santander), con uno de $148.000 millones; Edeq (Quindío) con $15.000 millones; y Essa (Santander) con $117.000 millones.

En el caso de Afinia, pocas semanas antes, el gerente general de EPM, John Maya, ya había sacado también una bandera roja a la Nación y le había pedido asumir parcialmente la operación del servicio de energía en algunas de las zonas más problemáticas de dicha filial.

Le puede interesar: Superservicios asegura que Afinia no puede suspender el servicio a sujetos de especial protección, ¿cuáles son?

“Todos los esfuerzos realizados han sido insuficientes para lograr la recuperación de la cartera, revertir los indicadores de recaudo y pérdidas y satisfacer las expectativas generadas en la comunidad. Por lo anterior, EPM ha considerado dentro de las alternativas de solución su disposición para iniciar un proceso con el Gobierno Nacional en el cual este pueda asumir la operación de Cesar y 11 municipios del Magdalena, territorio en el que la situación es mucho más compleja en materia de pérdidas y recaudo”, expresó entonces el gerente, sin tener eco en sus pedidos.

Dicha situación crítica en esos municipios, denunció luego Afinia, se explicaba por variables que iban desde una falta de cultura de pago de los usuarios (tanto particulares, empresas y hasta entidades públicas) y una cultura en la que defraudar las redes continúa siendo parte del pan de cada día, representándole a la empresa pérdidas de hasta 163 gigavatios hora mensuales, equivalentes a $62.000 millones mensuales.

Sin importar esos llamados, la deuda por los subsidios siguió creciendo y el Grupo EPM se fue a los estrados para reclamar su pago, desatando que a comienzos de marzo un juez de Bogotá ordenara embargar las cuentas del Gobierno Nacional por cuenta de una de esas acciones, interpuesta en este caso por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS).

Dicha decisión judicial derivó en un pulso más grande entre el gobierno Petro y el gobierno de Medellín, en el que el primero calificó como “una acción política” dichas reclamaciones judiciales y hasta ofició a la Superintendencia de Servicios Públicos para iniciar una inspección a EPM.

Más allá de estas fricciones, y ya cumplidos cinco meses de incertidumbre, ahora la duda que se cierne sobre EPM es hasta cuando aguantará Afinia funcionando, no solo cargando con sus problemas internos, sino con el desorden contable de un Gobierno Nacional que se mantiene sin pagar. Además de los subsidios, en su balance financiero, Afinia recordó que otro déficit que arrastra en sus cuentas es el de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, que ascienden a por lo menos $730.000 millones.