Dragado sin control en el río San Juan – Nicaragua Actual – Noticias

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A pesar de quince años de dragados, el caudal del río San Juan sigue disminuyendo.

Esto lo constatan las comunidades pesqueras de Barra del Colorado, poblado costarricense
situado en el extremo norte de isla Calero fronteriza con Nicaragua.

El nivel del agua del río San Juan en esa zona afecta la pesca artesanal y el turismo de
pesca deportiva, dos pilares de la economía local.

Un equipo periodístico de Expediente Público y Nicaragua Actual viajó hasta Barra del
Colorado, en la zona norte de Costa Rica, y recorrió el área conocida como delta fronteriza,
colindante con las islas Portillos —o Harbor Head, como la llaman en Nicaragua.

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En el sitio se constató una notable reducción del caudal del río San Juan: las aguas han
retrocedido al menos dos metros desde su línea habitual en la orilla, una señal clara de
alteración en su curso natural.

Esta situación ocurre, aunque desde 2010 el régimen de Daniel Ortega anuncia trabajos de
dragado en el río San Juan.

Las obras actuales en el río se hacen sin estudios ambientales, mientras Costa Rica guarda
silencio sobre el efecto en la zona fronteriza que comparte con Nicaragua.

El proyecto de dragado, de consecuencias visibles en comunidades costarricenses, avanza
en total opacidad y genera una crisis ambiental en la zona de la Costa Caribe norte.

Ni el país que lo impulsa ni el que lo padece ofrecen respuestas claras.

Cabe recordar que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2009 reconoce a
Nicaragua el derecho exclusivo a regular la navegación en el nicaragüense río San Juan.

Costa Rica no tiene derecho a pescar en ese río, sólo a navegar bajo condiciones reguladas
por el régimen de Ortega y Rosario Murillo.

Impacto del dragado del río San Juan en la frontera tica

Pero la reducción del nivel del agua en la zona de Barra del Colorado resulta especialmente
llamativa si se considera que, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) costarricense,
el año 2024 cerró como el más lluvioso de los últimos 24 años en el país. Las lluvias se
extendieron incluso durante el primer trimestre de 2025.

Mayor sedimentación reduce navegación

A pesar de este contexto, la visible disminución del caudal del río San Juan refuerza la
denuncia de los pobladores costarricenses en que el dragado realizado por el régimen de
Ortega-Murillo no está eliminando los sedimentos que obstruyen la corriente natural. Es lo
contrario.

Kevin Solís Mairena, presidente de la Asociación de Desarrollo de Barra del Colorado,
sostiene que es la sedimentación provocada por el dragado la que ha alterado los caudales
del agua del río en la parte costarricense. Como consecuencia se redujo las poblaciones de
especies clave como el guapote, la mojarra, el robalo y el sábalo real.

“La afectación sería en el nivel de las aguas, han bajado considerablemente a lo que eran
años anteriores. La sedimentación ha aumentado en partes donde nosotros navegábamos
sin problemas”, asegura Solís a Expediente Público y Nicaragua Actual.

Debido a la reducción del caudal de las aguas del río Colorado “tenemos mucha afectación
con los niveles de transporte, de traslado en varios puntos desde la frontera con el río San
Juan”, se queja Solís.

La frontera del río San Juan

Barra del Colorado se ubica en el noreste de Costa Rica, en la provincia (departamento) de
Limón, y es una de las comunidades más cercanas al límite con Nicaragua, dentro del cantón
o municipio de Pococí.

Esta comunidad está ubicada a menos de 3 kilómetros del delta fronterizo, incluyendo áreas
cercanas a islas Portillos o Harbor Head. Se encuentra justo donde el río San Juan llega al
mar Caribe, en una zona de manglares, humedales y canales navegables conocida por su
riqueza ecológica.

Su cercanía a la línea fronteriza con Nicaragua implica que cualquier alteración en el caudal
del río San Juan tiene efectos inmediatos en el territorio costarricenses.

Dragado inició disputa binacional

El régimen de Ortega inició obras de dragado del río San Juan en 2010 y en 2013 argumentó
que era necesaria la limpieza de un canal aledaño que se había secado, pero que resultó
estar territorio costarricense.

En 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en contra de Nicaragua en un reclamo
por invasión territorial, violar los derechos de navegación y obligando a indemnizar por daños
materiales en los humedales fronterizos y tres caños a Costa Rica.

También sentenció como causa acumulada que Costa Rica incumplió con el derecho
internacional al no evaluar los daños ambientales derivados de la construcción de la ruta
1856, una carretera fronteriza a lo largo del río San Juan, aunque Nicaragua no pudo
demostrar un daño significativo.

El 16 de enero de 2017, Costa Rica interpuso otra demanda contra Nicaragua respecto de una
“controversia relativa a la definición precisa de la frontera en la zona de la laguna de Los
Portillos/Harbor Head y al establecimiento por Nicaragua de un nuevo campamento militar”
en la playa de Isla Portillos.

En 2018 la Corte de La Haya ordenó a Managua desmantelar el campamento militar y otorgó
soberanía sobre Portillos a Costa Rica.

Zona de pescadores

Los pescadores costarricenses denuncian que militares de Nicaragua que resguardan la
zona suelen detener a comunitarios acusándolos de pesca ilegal, lo que, en base al derecho
nicaragüense es una medida autorizada.

Esto ocurre aprovechando la poca o casi nula presencia de policías de frontera del Gobierno
de Rodrigo Chaves en la zona, que impida que los habitantes del área pesquen de forma
irregular o que les explicaran los límites establecidos por fallos internacionales.

Balvin Connor Quinn es un nicaragüense que reside en el poblado Barra del Colorado y
también expone el impacto por las actividades del dragado.

“El sedimento ha aumentado. Durante años tuvimos el río bastante seco y los canales
afectados”, afirma a Expediente Púbico y Nicaragua Actual.

¿Conoce Costa Rica del impacto por el dragado?

A pesar de las sentencias de la CIJ, el régimen de Ortega ha continuado con el dragado sin
presentar estudios medioambientales.

El 25 de julio de 2024, el régimen autorizó un nuevo dragado en el río San Juan a través de
la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), Autoridad Marítima y Portuaria
Nacional del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Un día después del anuncio de Managua, el canciller costarricense Arnoldo André envió
comunicación a Nicaragua, donde señaló que no se oponen a la actividad “siempre y cuando
ello no dañe el territorio de Costa Rica o se afecten los derechos de Costa Rica”, en base al
litigio resuelto hace 10 años.

Se desconoce si ha informado al Gobierno de Rodrigo Chaves sobre esos estudios y los
planes de continuidad de las actividades que aseguran son “un mantenimiento rutinario de
limpieza y dragado sobre el río San Juan, la desembocadura, Caribe nicaragüense”.

Silencio del Gobierno de Chaves

Expediente Público y Nicaragua Actual consultaron a la Cancillería y a la Presidencia de
Costa Rica, pero hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Tampoco existen estudios, al menos no disponibles al público, sobre las evaluaciones de la
sedimentación provocada por el dragado en el curso fluvial del río San Juan ni sus posibles
efectos sobre el ecosistema compartido con Costa Rica.

La información oficial es inexistente y el secretismo con el que el régimen de Ortega maneja
la obra refuerza las denuncias de organizaciones ambientalistas nicaragüenses, como la
Fundación del Río, sobre una política deliberada de opacidad.

El fallo de la CIJ de 2015 no obliga a Nicaragua a informar directamente a Costa Rica sobre
cualquier obra en el San Juan con potencial impacto ambiental en la frontera que comparten,
aunque si a la Convención Ramsar de vigilancia de humedales, las autoridades de San José
tampoco han presentado estudios que expliquen cómo la sedimentación afecta a sus
humedales ni cómo las comunidades fronterizas —especialmente en Barra del Colorado—
han sido golpeadas por la reducción de la pesca y la calidad del agua.

La sentencia reafirmó que Costa Rica tiene un “derecho perpetuo de libre navegación con
fines de comercio en el río San Juan,” conforme al Tratado de 1858 y el Laudo Cleveland. En
base a esto estableció a Nicaragua “la obligación de notificar y consultar en caso de
actividades que afecten el río”. También dejó claro que, “si hubiera ese riesgo en futuras
actividades, Nicaragua estaría obligada a notificar y consultar con Costa Rica”.

Sin embargo, en la frontera la ausencia de datos y fiscalización alimenta la percepción de
abandono estatal entre los habitantes de la zona costarricense.

Culpan al dragado por reducción de peces

Las comunidades han sufrido también el impacto en la pesca artesanal, sector vital para la
economía local en la zona costarricense fronteriza con Nicaragua.
“Las especies autóctonas como el guapote, la mojarra, el robalo y la calva han disminuido.
También el sábalo real, clave para el turismo de pesca”, denuncia el presidente de la
Asociación de Desarrollo de Barra del Colorado.

La crisis pesquera afecta a unos 1,200 pescadores en la comunidad de Barra del Colorado.
“La disminución en la pesca ha sido reflejo de la afectación (del dragado). Nuestra zona
depende de la pesca. (…) El turismo de pesca se ha desplomado y las familias dependen
cada vez más de una pesca que ya no es sostenible», advierte Solís.

Carlos Martínez, vicepresidente de la organización costarricense de pescadores del Caribe
Norte, confirma que la situación se ha agravado.

“Las especies se están desplazando a otros lugares y nosotros también tenemos que ir a
aguas más profundas para poder pescar”, expresa a Expediente Público y a Nicaragua
Actual.

Martínez igual atribuye la crisis pesquera al aumento de la sedimentación del agua que
perjudica al manto marino y los arrecifes.

“La pesca ha venido disminuyendo. Hay menos langosta, menos pargo, menos macarela.
Estas especies, al encontrar agua contaminada, tienen que desplazarse a aguas más
profundas”, afirma.

El pescador nicaragüense Connor Quinn también atribuye la reducción de la pesca al
impacto ambiental por las actividades del dragado. “El río se ha secado bastante. Antes los
sábalos entraban más en las lagunas, pero ahora lo hacen menos. Ya no hay el mismo
cardumen de pescado que antes”, lamenta.

Patrullaje de militares del régimen

Aunque el régimen de Nicaragua debió desistir de las incursiones militares en la zona
costarricense de isla Calero como lo ordena el fallo de la CIJ, los pescadores en Barra del
Colorado aseguran que estas operaciones han continuado a la par del dragado.

“Invaden con lanchas de tres o cuatro motores. Cuando los vemos, tenemos que huir”, afirma
Martínez.

Mientras el equipo periodístico recorría el sector fronterizo del lado costarricense, desde
donde se puede visualizar el humedal Harbor Head se observó el patrullaje de lanchas con
personal militar. Estos operativos serían legales por cuanto el río San Juan le pertenece a
Nicaragua.

Sin embargo, al no obtener una respuesta de la Cancillería ni la Presidencia de Costa Rica
no es posible conocer si hay un acuerdo con el régimen de Ortega sobre la regulación de la
navegación y pesca artesanal de los comunitarios costarricenses en el río San Juan.

Detenciones de pescadores

Además, algunos pescadores costarricenses denuncian que han sido detenidos por los
militares nicaragüenses.

“Se nos llevan pescadores de acá y nos imponen grandes multas (unos 2 millones de
colones o US$6 mil), más caras que comprar una embarcación nueva”, aseguró Martínez.
Los problemas fronterizos entre los países también impactan en la actividad económica de
las comunidades de Barra del Colorado.

“Antes comerciábamos, comprábamos mariscos y vendíamos artículos a San Juan del Norte
(en Nicaragua). Ahora esto es como el muro de Berlín: familias quedaron de un lado y del
otro, sin poder verse”, afirma.

“El fallo de la Haya nos dio la razón: no podían socavar la orilla y debían desalojar Isla
Calero. Pero seguimos teniendo problemas fronterizos”, reclamó el pescador.

Sin embargo, las detenciones de pescadores costarricenses realizadas por el Ejército de
Nicaragua ocurren dentro del río San Juan, territorio bajo soberanía nicaragüense, por lo que
están amparadas en el derecho de Managua a regular la navegación y la pesca, según el
fallo de la CIJ.

¿Qué hacen las autoridades en Barra de Colorado?

Los pescadores costarricenses reclaman que las autoridades del gobierno de Chaves no
investigan la situación. Además, Expediente Público y Nicaragua Actual constataron que
la vigilancia en la zona es deficiente: solo se encontró a un oficial fronterizo durante el
recorrido. El funcionario dijo no estar autorizado a dar declaraciones.

Sin embargo, Víctor Montero, ingeniero del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de
Costa Rica (SINAC), alega que el impacto ambiental del dragado del río nicaragüense es
menor a lo que se denuncia.

“No es una opinión institucional del SINAC, es una opinión mía de que no hay
investigaciones, no hay estudios sobre sobre la hidrología del sitio, sobre la incidencia de la
hidrología, la sedimentación”, dice Montero, quien trabaja en las oficinas del SINAC en la
zona de Barra de Colorado.

El funcionario atribuye la crisis de la zona más a la pesca ilegal de parte de los comunitarios.
“El recurso que hay en este refugio es limitado. Estamos en todo el mundo (con) la
depredación de especies, y aquí en Colorado pasa lo mismo. Hace unos días sacamos unos
trasmallos en una laguna con un montón de especies de (peces) Gaspar, que está en
extinción. La gente lo saca, pero como no tienen el tamaño adecuado, los dejan y se pudren”,
dice.

¿Y los estudios ambientales del dragado?

Desde que en 2010 el régimen de Ortega inició el dragado del río San Juan, diversas
organizaciones ambientalistas nicaragüenses y costarricenses han advertido que se podría
romper el equilibrio ambiental, ya que ese río es un sistema deltaico.

Como consecuencia, los humedales de Barra del Colorado, un sitio Ramsar de importancia
internacional, serían dañados afectando el ecosistema y poniendo en riesgo especies como
manatíes, tortugas, cocodrilos, peces y aves.

Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, señala a Nicaragua Actual y Expediente
Público la opacidad con la que se maneja el dragado por parte del régimen Ortega- Murillo.
“El proyecto de dragado está activo, pero no se conocen los planes de cuidado ambiental, la
viabilidad económica ni los documentos técnicos. Nicaragua no ha querido publicar
información sobre este dragado”, cuestiona.

Ruiz es parte de los más de 300 defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y
opositores desnacionalizado por la dictadura Ortega- Murillo desde 2023.

Régimen tras la riqueza ambiental

Para la Fundación, la negativa de Ortega y sus funcionarios de publicar información sobre el
dragado del río San Juan tendría el objetivo de reforzar la estrategia política de consolidar su
control sobre esta zona fronteriza rica en recursos naturales.

“Este dragado se ubica dentro del Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan, un humedal
reconocido internacionalmente y cualquier proyecto de esta naturaleza en un área protegida
genera impacto en el lecho acuático, la biodiversidad y las riberas del río”, explica Ruiz.

Nueva empresa y más dinero para el dragado

A pesar de la opacidad sobre el dragado del río San Juan, entre 2014 y 2024, el régimen de
Nicaragua destinó 16.63 millones de dólares (589.4 millones de córdobas) a la Empresa
Portuaria Nacional (EPN) que, hasta 2024, estaba a cargo de las actividades, según se
verificó en los presupuestos aprobados y de ejecución anual.

Pero los informes presupuestarios no son transparentes sobre el uso de estos fondos al no
detallar qué se hizo exactamente en torno al dragado.

Sin embargo, en agosto de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo creó la
Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan mediante la Ley 1213,
específicamente para continuar con estas operaciones, pero sin mayores explicaciones sobre
la ejecución de los fondos destinados en la última década.

Según la ley aprobada por la Asamblea Nacional, -controlada por diputados sandinistas y sus
aliados liberales-, la nueva empresa es “de utilidad pública descentralizada, con autonomía
técnica, administrativa y financiera”, pero bajo la rectoría del Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI).

Además, esta ley exonera de impuestos a los contratos de obras y servicios vinculados a la
empresa.

Mientras, el Reglamento de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense del Dragado del
Río San Juan, vigente desde el 29 de octubre de 2024, establece que la sede de la entidad
es en el departamento de Río San Juan sin especificar el municipio.

Dragado del río San Juan en la Constitución

La creación de una empresa estatal para el dragado del río San Juan demuestra que el
régimen nicaragüense ve esa obra como una pieza clave en su agenda geopolítica, asegura
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.

“Tenemos un antecedente perverso: el anterior proyecto de dragado llevó a Nicaragua a una
demanda ante la Corte de La Haya, donde se demostraron los impactos ambientales”, reitera
Ruiz a Expediente Público y Nicaragua Actual.

Los movimientos de Ortega sobre el tema darían la razón al ambientalista.

En la reforma a la Constitución Política de Nicaragua se agregó el artículo 17 donde se
reafirman los límites fronterizos del país y su “dominio exclusivo sobre el río San Juan”,
basándose en el Tratado de Límites de 1858, el Laudo Cleveland de 1888 y las resoluciones
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2009 y 2015.

La reforma constitucional está vigente desde el 19 de febrero de 2025 y en esta los
codictadores Ortega- Murillo se concentran todo el poder del Estado de Nicaragua.
Ortega fue más allá e impuso en la Constitución que el régimen “se reserva el derecho de
regular la navegación en el río”.

Esto podría violar la sentencia de la CIJ del 13 de julio de 2009 en el que estableció que
Costa Rica tiene derecho a navegar libremente por el río San Juan con fines comerciales,
incluido el transporte de turistas.

Aunque Nicaragua puede imponer horarios de navegación debe informar a las autoridades
de San José. Además, se debe respetar el derecho de los habitantes de la ribera
costarricense a pescar con fines de subsistencia. Todo eso regulado por el régimen, pero
está obligado a informes de la regulación a Costa Rica.

¿Quiénes dirigen la empresa del dragado del río San Juan?

El régimen esperó a tener vigente la reforma constitucional para nombrar a los dos
codirectores de la Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan, lo que hizo
mediante los Acuerdos Presidenciales 33-2025 y 34-2025, publicados el 27 de febrero en La
Gaceta, Diario Oficial.

Se designó a José Ramón Castillo Juárez y Tamara Valeska Hernández Rivera como nuevos
codirectores de esa empresa.

Tras una revisión exhaustiva de Expediente Público en fuentes oficiales disponibles, no se
encontró información detallada de Castillo y Hernández que permita delinear sus
antecedentes laborales o académicos relacionados con el sector público o privado en
Nicaragua.

Esta ausencia de datos públicos sobre los perfiles de Castillo Juárez y Hernández Rivera
plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para su designación y pondrían en duda la
eficacia en la gestión de proyectos del dragado del Río San Juan.