El Estado cubano se reserva el derecho de castigar a los padres que no inculquen «amor a la Patria»

MIAMI, Estados Unidos. – El diario oficial Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC), publicó este lunes un artículo que refuerza el carácter punitivo y estatalista del Código de las Familias, al insistir en que madres y padres tienen responsabilidades legales ineludibles en la formación de niñas, niños y adolescentes. 

Bajo la apariencia de un enfoque protector, el texto es en realidad un recordatorio del poder del Estado sobre la crianza y la vida íntima de las familias.

Firmado por Diana Rosa Simón Gutiérrez, fiscal de la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, el artículo afirma que “las madres y los padres desempeñan un rol esencial en la educación, cuidado, protección y formación de niñas, niños y adolescentes”, y detalla las obligaciones legales contenidas en el artículo 136 del Código de las Familias.

El texto subraya, entre otros deberes, el de “dirigir su formación para la vida social; inculcarles el amor a la familia, a la Patria, el respeto a sus símbolos, al trabajo y la debida estimación de sus valores, a la dignidad y la honradez”.

Este punto es especialmente preocupante, pues en el discurso oficial cubano los conceptos de Patria y Gobierno se confunden deliberadamente, lo cual abre la puerta a interpretaciones ideológicas. En la práctica, esto podría significar que madres o padres críticos del régimen —u opositores políticos— sean considerados incumplidores de sus deberes parentales, y por tanto, sancionables por la vía judicial.

De hecho, el propio artículo recuerda que “ante el incumplimiento grave y reiterado de los deberes que contiene la responsabilidad parental, se puede determinar privar de esta a madres y padres, mediante sentencia dictada en el correspondiente proceso judicial familiar”. Entre las causales se incluyen ejercer “conducta viciosa, corruptora o delictiva que resulte incompatible con el debido ejercicio de la responsabilidad parental” o “inducir al hijo o a la hija a ejecutar algún acto delictivo”.

Aunque se presenta como un mecanismo de protección para la infancia, la redacción de la norma —y su interpretación por las autoridades— permite su uso con fines políticos. La ideologización de la crianza es explícita cuando se señala como obligación de los padres inculcar “el respeto a los símbolos” y “el amor a la Patria”, sin que se distinga entre Nación, Gobierno o Partido.

Por otro lado, el artículo ignora por completo las profundas dificultades que enfrentan las familias cubanas para ejercer esa responsabilidad: desde la escasez crónica de alimentos y medicinas, pasando por la crisis de la educación y la salud pública, hasta el deterioro de la infraestructura social y la migración masiva. Ninguno de estos elementos —que impactan directamente en la vida de niñas, niños y adolescentes— es abordado en la publicación oficial.

En cambio, Granma insiste en el papel fiscalizador del Estado. “Cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de actos que atentan contra los derechos y el desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes (…) tiene el deber de informarlo a las autoridades”, se lee en el artículo. Las instituciones mencionadas incluyen la Fiscalía, el Ministerio del Interior y las direcciones provinciales de Salud y Educación.

A modo de conclusión, el texto señala: “Madres, padres, familias, instituciones del Estado y la sociedad en general, estamos obligados a trabajar en pos de lograr que todas las niñas, niños y adolescentes se desarrollen plenamente en ambientes y espacios protectores de sus derechos”.

Pero ese ambiente de desarrollo, en el modelo cubano, está determinado por una concepción ideológica donde los derechos del menor dependen de la lealtad al régimen. Lo que se presenta como una política de protección a la infancia podría terminar siendo un instrumento más de control político y represión contra las familias que se desmarquen del discurso oficial.