Corte Suprema de EE.UU. pide opinión al Gobierno sobre demanda contra CUPET y CIMEX

MIAMI, Estados Unidos. — La Corte Suprema de Estados Unidos solicitó este lunes al procurador general que exprese la opinión del Gobierno sobre una demanda presentada por Exxon Mobil contra tres empresas estatales cubanas (incluidas CIMEX y CUPET), en el marco de un prolongado litigio por la expropiación de propiedades estadounidenses en Cuba tras la Revolución de 1959.

El caso, Exxon Mobil Corp. v. Corporación CIMEX S.A., se remonta a 1960, cuando el Gobierno cubano, liderado entonces por Fidel Castro, confiscó los activos de las filiales de Exxon en la Isla —entonces conocida como Standard Oil—, incluidos una refinería y más de 100 estaciones de servicio. En 1969, una comisión del Congreso certificó que Standard Oil había perdido más de 71 millones de dólares, cifra que hoy supera los 600 millones ajustados por inflación.

Exxon presentó la demanda en 2019 con base en el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso en 1996, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes “trafiquen con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano desde el 1 de enero de 1959”.

Las empresas cubanas demandadas —entre ellas CIMEX— solicitaron a la corte de distrito desestimar el caso alegando inmunidad bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés). El tribunal permitió que el proceso avanzara contra una de las compañías, al considerar que se aplicaba la excepción por actividad comercial prevista en dicha ley. Sin embargo, rechazó el argumento de Exxon de que la Helms-Burton ofrecía por sí sola una base suficiente para la demanda.

Exxon apeló ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C., que confirmó la decisión por una votación de dos a uno. El juez principal Sri Srinivasan escribió que “los términos de la FSIA contemplan que la jurisdicción en una acción civil contra un soberano extranjero solo puede surgir bajo la propia FSIA, no bajo otro estatuto como el Título III”.

En disenso, el juez Raymond Randolph sostuvo que el Título III “estableció una causa de acción específica, independiente y exclusiva para los ciudadanos estadounidenses cuya propiedad fue confiscada por el Gobierno cubano”, y que su aplicación no debería depender de las excepciones previstas en la FSIA.

Exxon llevó el caso ante la Corte Suprema en diciembre de 2024. En su petición, la empresa argumentó que “forzar las reclamaciones bajo la Ley Helms-Burton al marco de la FSIA negará a muchos demandantes el ‘remedio judicial’ que el Congreso prometió, porque muchas instancias de tráfico por parte de empresas cubanas podrían no satisfacer ninguna excepción de la FSIA”.

Por su parte, las compañías cubanas afirmaron que la decisión del tribunal de apelaciones “respeta y salvaguarda el juicio del Congreso en un área sensible”, y añadieron que los reclamos de Exxon podrían seguir adelante si se prueba la excepción comercial ante los tribunales estadounidenses.

No se ha fijado un plazo para que el procurador general presente su escrito. La Corte Suprema revisará nuevas órdenes tras su próxima conferencia privada el 15 de mayo, y se espera que las decisiones se anuncien el lunes 19 de mayo.