¿Y qué está haciendo el Gobierno para frenar el Plan pistola contra la Fuerza Pública?

Oferta de recompensas, promesas de acompañamiento a los uniformados y permisos para tener el arma de dotación en tiempo de descanso, son algunas de las medidas. ¿Suficientes?

El Plan pistola desatado en Colombia en el mes de abril, por parte del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, está reflejando la lentitud del Estado para responder ante fenómenos criminales que se podrían anticipar.

Ese cartel narcotraficante ejecuta una acción de este tipo cada vez que la Fuerza Pública da de baja en los operativos a uno de los miembros de su cúpula, que ellos llaman “Estado Mayor”. Así ha sucedido desde 2012 con las muertes de “Giovany”, “Indio Aristides”, “Guagua”, “Marihuano”, “Gavilán”, “Pablito”, entre otros, y con la extradición de “Otoniel” en 2022.

Por eso era de esperarse que orquestaran otro Plan pistola cuando murió en un operativo policial José Miguel Demoya Hernández (“Chirimoya”), miembro de ese estado mayor, el pasado 5 de abril en La Apartada, Córdoba.

Pese a ese conocimiento previo, a la fecha han matado a 15 policías y dejado heridos a otra docena, en diferentes ataques perpetrados en Antioquia, Córdoba y Bolívar, principalmente.

Desde el año pasado el Gobierno Nacional reactivó la Operación Agamenón, cuya finalidad es investigar y desmantelar a ese grupo criminal, con un equipo de Inteligencia destinado a seguirle todos los movimientos. Aún así, han fracasado en el intento de frenar la violencia contra sus compañeros.

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, en la red social X, que “hoy habrá reunión especial para profundizar la ofensiva sobre el Clan del Golfo. Espero de la ciudadanía caribeña y con la debida reserva, información para dar con las cabezas del Clan del Golfo”.

Pero al mismo tiempo le lanzó un “salvavidas” a los miembros de ese grupo: “Solicito a @FiscaliaCol un equipo especial para tratar jurídicamente a quienes dentro del Clan, decidan el camino de la Paz”.

Dentro de las medidas tomadas para responder a los ataques, está la oferta de una recompensa de hasta $200 millones para los ciudadanos que den información que permita anticiparse a estos hechos.

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, dio la orden de que los uniformados puedan portar sus pistolas de dotación en tiempo de descanso, ya que algunos han sido asesinados por fuera del servicio, en viviendas familiares o sitios públicos.

También se anunció un plan de acompañamiento y escolta para estos servidores públicos que están en descanso, por fuera de las estaciones policiales; de momento, no se ha dicho a cuántos se les brindará este tipo de apoyo ni en qué regiones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó que entre el 26 y el 28 de abril, “las @FuerzasMilCol lograron cuatro acciones contundentes contra este grupo criminal, capturando a sus integrantes con armamento para atentar contra la población y la fuerza pública”. Los detenidos fueron seis delincuentes en Ciénaga (Magdalena), El Bagre y Tarazá (Antioquia), y Montería (Córdoba).

En contra de Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el máximo líder del Clan, hay una recompensa vigente de $4.378 millones de pesos.

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