Régimen cubano asalta con violencia la sede de la UNPACU y detiene a José Daniel Ferrer

Entre las personas arrestadas también se encuentran su esposa, Nelva Ismarays Ortega; su hijo menor, Daniel José Ferrer; y los activistas Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant.

MADRID, España.- Este martes, fuerzas represivas del régimen de Miguel Díaz-Canel llevaron a cabo un asalto violento a la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ubicada en el Reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Durante la operación, fueron detenidos el líder opositor José Daniel Ferrer, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su esposa Nelva Ismarays Ortega, su hijo menor Daniel José Ferrer, y los activistas Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant. Todos fueron trasladados a paradero desconocido.

La noticia fue confirmada por el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), que condenó el operativo y exigió la liberación inmediata de los detenidos. “Desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, condenamos esta nueva agresión del régimen cubano contra quienes luchan pacíficamente por la libertad y la democracia, y exigimos la liberación inmediata de todos los detenidos, así como el respeto a su integridad física y derechos fundamentales”, expresó la organización en redes sociales. Además, instó a la comunidad internacional a denunciar estos hechos y exigir responsabilidades.

Desde su excarcelación el pasado 16 de enero, tras más de tres años en condiciones de aislamiento, José Daniel Ferrer había retomado las labores humanitarias de la UNPACU, enfocadas en la asistencia a personas vulnerables en Santiago de Cuba. En recientes declaraciones a CubaNet, Ferrer explicó que estas acciones respondían al alarmante estado de abandono y miseria que afecta a numerosos ciudadanos.

En las últimas semanas, la UNPACU ha sido objeto de un creciente acoso policial. Ferrer había denunciado en varias ocasiones que agentes vestidos de civil y uniformados han impedido el acceso de alimentos y materiales básicos a su domicilio, además de detener arbitrariamente a colaboradores, confiscar bienes y amenazar a vendedores y transportistas para obstaculizar su labor humanitaria.