Tribunal Supremo de Cuba revoca libertad condicional de José Daniel Ferrer y Félix Navarro

MADRID, España.- El Tribunal Supremo Popular de Cuba revocó este martes la libertad condicional de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, apenas tres meses después de su excarcelación en el marco de un acuerdo mediado por el Vaticano y la administración del expresidente estadounidense Joe Biden.

Según informó la agencia Reuters, Maricela Sosa, vicepresidenta del máximo órgano judicial, dijo que ambos incumplieron las condiciones establecidas para su liberación. “En consonancia con lo regulado, las salas penales de los tribunales provinciales populares de Matanzas y Santiago de Cuba revocaron la libertad condicional a dos sancionados, del grupo de los 553, que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos”, señaló el Tribunal en un comunicado.

La funcionaria añadió que Ferrer y Navarro “incitan públicamente al desorden y al irrespeto a las autoridades en sus redes sociales y en línea, y mantienen vínculos públicos con el jefe de la embajada de Estados Unidos”.

La noticia de la revocación ha trascendido poco después de que fuerzas de seguridad del régimen cubano realizaran un operativo violento en la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en el Reparto Altamira, Santiago de Cuba. Durante el asalto fueron detenidos José Daniel Ferrer —quien cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, su esposa Nelva Ismarays Ortega, su hijo menor Daniel José Ferrer, y los activistas Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant. Todos ellos fueron trasladados a paradero desconocido.

Por su parte, Félix Navarro fue detenido durante una visita junto a su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez, a la prisión de Matanzas, donde se encuentra recluida su hija Sayli Navarro.

Ambos opositores habían sido excarcelados en enero pasado tras casi cuatro años de prisión, durante los cuales, de acuerdo con denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, habrían sufrido torturas físicas y psicológicas. Su liberación formó parte de un grupo de excarcelaciones que incluía a 553 personas, en el contexto de un supuesto acuerdo para la celebración del Jubileo Ordinario de 2025.

Desde el inicio de este proceso, distintos sectores advirtieron que los liberados no gozaban de plena libertad, considerando la medida como una estrategia recurrente del gobierno cubano para utilizar a los presos políticos como moneda de cambio.