«No deben ser admitidos»: Díaz-Balart denuncia ingreso a EE.UU. de represores del régimen 

MIAMI, Estados Unidos. – El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart expresó este martes su preocupación por la entrada a Estados Unidos de exfuncionarios del régimen cubano, a quienes calificó como “una amenaza para la seguridad nacional”. 

En una publicación en la red social X (antes Twitter), el legislador republicano señaló que bajo la administración del presidente Joe Biden “un número preocupante de operativos del régimen cubano” recibió “el privilegio extraordinario de ingresar a Estados Unidos”.

Díaz-Balart se refirió específicamente a dos casos recientes que han generado polémica en la comunidad del exilio: el de la exjueza Juana Orquídea Acanda Rodríguez y el del exoficial de la Seguridad del Estado Leandro Rubén Garnica González. Ambos casos fueron revelados por el periodista Mario J. Pentón, a quien el congresista agradeció públicamente: “Reconozco la labor periodística de Mario Pentón por sacar a luz estos graves hechos, así como el trabajo del presidente Donald Trump y su Administración por proteger la seguridad nacional y garantizar que estos individuos no puedan ingresar jamás a Estados Unidos”.

Juana Orquídea Acanda Rodríguez, quien trabajó durante 36 años como jueza en la Sala Penal del Tribunal Provincial de Matanzas, fue deportada recientemente tras descubrirse que había ocultado su militancia en el Partido Comunista de Cuba y su historial como funcionaria del sistema judicial durante las entrevistas consulares. Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la exjueza mintió deliberadamente, lo que derivó en cargos por fraude, declaraciones falsas y presentación de documentos fraudulentos.

Por su parte, Leandro Rubén Garnica González, teniente coronel retirado del Departamento de Seguridad del Estado, regresó voluntariamente a la Isla el 16 de abril tras más de una década residiendo en Estados Unidos como inmigrante legal. Garnica figura en la lista pública de represores elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), debido a múltiples denuncias de abusos, entre ellas las de la periodista María Elena Alpízar y el activista Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo.

Uno de los testimonios más impactantes vinculados a Garnica es el del exprisionero político Jorge Luis Brito Rodríguez, quien lo acusó de ordenar torturas en su contra en los años 90. Según Brito, Garnica lo encerró desnudo en una celda con un agresor encubierto que le provocó graves lesiones.

A pesar de su historial, Garnica obtuvo residencia permanente en EE.UU. en 2013. Su retorno a Cuba ocurre en medio de un escrutinio creciente hacia represores del régimen que viven en Estados Unidos. En enero de 2024, el congresista Carlos Giménez incluyó a Garnica en una lista de exfuncionarios represivos cubanos entregada al Gobierno estadounidense.

Díaz-Balart advirtió que casos como los de Acanda y Garnica “representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y no deben ser admitidos” en el país. Su mensaje, que denuncia lo que considera un debilitamiento de los controles migratorios, se suma a las críticas ya expresadas por otros legisladores y activistas del exilio sobre la presencia en territorio estadounidense de figuras vinculadas directamente con la represión en Cuba.