«Más caros y más escasos»: el fracaso del tope de precios al arroz y el frijol 

HOLGUÍN, Cuba. – “Antes, una libra de arroz costaba 150 pesos y una de frijol 200. Después que el Gobierno fijó los precios, la libra de arroz subió a 230 y la de frijol a 320-360”, asegura el holguinero Abelardo Gómez Álvarez.

El tope de precios ha producido un resultado distinto al deseado: mayor escasez en los locales estatales y precios aún más elevados en el mercado informal. 

Especialistas opinan que esta medida, improvisada y errada en una circunstancia de baja producción nacional, desestimula la venta legal y empeora la crisis de alimentos. Asimismo, evidencia los problemas estructurales del sector agrícola y la incapacidad del Gobierno para garantizar la oferta.

Los precios topados para la venta minorista de arroz y frijol de producción nacional en mercados estatales entraron en vigor el pasado 7 de marzo. El Gobierno fijó el precio de la libre de arroz en 155 pesos en la red minorista, mientras que la libra de frijol va desde los 196 hasta los 285 pesos.

Poco más de un mes después de la entrada en vigor del tope de precios, la situación en las calles contradice los objetivos gubernamentales: la escasez de ambos productos se ha agudizado y los precios en el mercado informal, única fuente para muchos, se han disparado. 

Para el holguinero Wilfredo Benítez Soto, la medida viola leyes económicas básicas en un contexto de déficit productivo crónico. “Cuando hay escasez, no se pueden topar los precios porque habrá una reacción adversa. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Aquí lo que hay es que producir, pero el Gobierno no ha superado ese reto y por eso se va por la vía más fácil que es el tope de los precios. Con eso quiere aparentar que no está de brazos cruzados y de que algo se está haciendo”, opina Soto.

La práctica de topar precios es cíclica en Cuba. Lucrecia Doimeadiós Lorenzo menciona experiencias pasadas que, asegura, debieron servir de lección a las autoridades.

“En una ocasión”, dice Lucrecia, “cuando toparon los precios de los cárnicos, las pastas, el aceite… todo empeoró. Recuerdo que el aceite y el pollo tenían precios más bajos [en el mercado informal] que los que ellos toparon. Después de la medida, comenzaron a subir”.

Expertos corroboran la improcedencia de la política de la regulación de precios. “Aunque son hechos con una buena intención, buscando un mayor poder adquisitivo, buscando mayor acceso de personas de bajos ingresos a los productos, es probablemente de las políticas de regulación que tiene el Estado la que más contraindicaciones tiene o que más problemas puede traer en la práctica”, dijo Carlos Enrique González García, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, durante una intervención en el programa Cuadrando la caja, del Canal Habana. 

El experto subrayó que “lo primero que pasa es que hay un desestímulo de la producción y de la oferta: si me topas el precio de un producto, ese producto no lo voy a producir, ese producto no lo voy a vender, me voy a mover para otro producto”, concluyó.

¿Quién se beneficia con la regulación de precios?

Aunque el objetivo anunciado de la medida es permitir la adquisición de la población a estos productos, la realidad de la escasez perenne favorece un escenario favorable para el mercado informal. 

La escasa oferta del Estado, explica el holguinero Nelson Mesa Castro, es rápidamente acaparada por revendedores que después venden los productos a precios superiores aprovechando la grieta entre una demanda insatisfecha y una oferta insuficiente. “Con el tope, los precios bajan en el mercado estatal. Pero como hay escasez, los revendedores se aprovechan y, en combinación con los vendedores estatales, compran todo el arroz y el frijol y después los revenden a un precio mayor”.

Los precios topados dan al traste con cualquier margen de ganancia, lo que desincentiva la comercialización de productos que los emprendedores privados traen desde el campo. “Los comerciantes privados hacen una gestión propia, traen un poquito de arroz y otros productos del campo para venderlos en la ciudad. Pero con los precios topados no se puede hacer negocio porque da perdida. A los emprendedores no se les puede poner una camisa de fuerza para que bajen los precios, porque al final el perjudicado es el pueblo”, considera el holguinero Eugenio Santana Muñoz.

La dependencia de las importaciones de productos que antes se producían en la Isla ya es harto conocida.

“[En] un país que producía arroz, hoy estamos importando todo el arroz de la canasta básica. También producíamos frijoles, y el cien por ciento de los frijoles se están importando, y el país sin dinero. ¿Y dónde está la producción nacional?”, dijo el miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernández durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano. 

La crisis se adentra en un panorama más amplio de fracasos gubernamentales en cuestiones de política agraria y alimentaria. Iniciativas como la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, informadas con grandes expectativas, no han sido eficaces para eliminar la profunda crisis del sector. 

El vice primer ministro Jorge Luis Tapia admitió en julio de 2023 que tanto la Ley de Soberanía Alimentaria como las 63 medidas citadas “no han logrado aún el impacto deseado”. 

El funcionario culpó de este fracaso a obstáculos como la falta de conocimiento sobre la propia ley y técnicas modernas, así como a deficiencias en la integración de los diferentes actores, desde los científicos hasta los productivos.

Casi dos años después de las admisiones oficiales, la opinión de los holguineros es que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. “En Cuba se producía arroz y poco a poco se ha dejado de producir porque han fracasado las estrategias y la toma de decisiones de los que dirigen este país”, afirma Yoel Iglesias Vidal.

Ante la amenaza de las inspecciones y la inviabilidad económica que crean los precios regulados, los vendedores acuden a diversos trucos para esquivar la regulación. Así lo denuncia Marcos Santana Guerrero: “Los vendedores ponen el cartel anunciando un precio topado y le dicen al cliente que ese precio es para los inspectores y que el verdadero precio es otro más caro”.