Madres llevan dos años sin saber de sus hijos en El Salvador: un país sin pandillas pero sin justicia

¿Cuánto tiempo puede pasar un colombiano en una cárcel de El Salvador, capturado por sospecha, acusado de cualquier cantidad de delitos sin un juicio, sin una audiencia, sin una condena, sin una conversación con su abogado, sin una llamada a la familia, sin enviar o recibir una carta? En ese calvario está un grupo de jóvenes antioqueños de los que no se sabe nada hace dos años.

Desde que el presidente Nayib Bukele (tan admirado por algunos políticos colombianos) declaró el estado de excepción en marzo del 2022 después de una terrible ola de violencia que dejó cerca de 90 muertos en apenas cuatro días, cuando a los capturados se les acusa de una serie de delitos no hay límite para la “detención provisional”. Es decir, no importa si la Fiscalía se demora dos o cinco o diez años consiguiendo las pruebas para llevar a juicio a un capturado o si seis años después este resulta inocente. No hay vencimientos de términos. No hay fechas límites y la cárcel “preventiva” durará lo que tenga que durar.

El gobierno salvadoreño ha dicho que gracias a ese estado de excepción el país pasó de 495 homicidios en 2022 a 114 en 2024, una reducción del 77%, y se convirtió en “el país más seguro del mundo”, según Bukele. En medio de ese estado, que está contemplado para durar apenas un mes, pero que ya se ha extendido 37 veces, se han capturado cerca de 100.000 personas, la mayoría bajo la modalidad de “detención preventiva”, entre las cuales hay miles de inocentes y más de un centenar de colombianos por los que nadie, más allá de sus familias, parece hacer nada.

Ya pasaron dos años y un día desde que Jhon Alejandro Sierra Patiño salió de la vereda en Santa Rosa de Osos, al norte de Antioquia, donde vivía con su abuela y trabajaba en fincas de café. Tenía 23 años y ya había intentado una vez entrar a Estados Unidos por el “hueco” para trabajar y ganar en dólares y mandarles plata a su abuela, su madre y su novia. Fue entonces cuando un amigo de la vereda lo invitó a cumplir el “sueño salvadoreño”. Le vendió un país seguro, renovado, con un presidente moderno, “cool”, que impulsaba el desarrollo e invitaba a los jóvenes a trabajar.

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El trabajo que le ofrecieron era de prestamista, de gota a gota. Un lamentable modelo de extorsión que nació en Medellín a finales de los 90 y se ha expandido con colombianos por toda América Latina con la falsa promesa de sacar de la pobreza tanto a quienes piden prestado como a los que cobran.

Jhon Alejandro no sabía si le iba a gustar o no, si iba a aguantar o no. Pensó en irse solo un par de meses, incluso había comprado el tiquete de regreso. Vivía en un apartamento con varios de los compañeros colombianos y hablaba con su madre casi a diario por videollamada, hasta que un día, después de las 8:00 p.m., llegó la policía y los capturó a todos por los delitos de “receptación” y “agrupaciones ilícitas”. Jhon Alejandro solo tiene un tatuaje: la Copa Libertadores que ganó Nacional en 2016, acompañada de un balón.

El operativo fue el 9 de junio del 2023 y saber lo que ocurrió allí es imposible, pues desde entonces su única comunicación con el mundo exterior fue gracias a una carta que logró enviar por medio del consulado colombiano en diciembre del 2023:

“Estoy bien no se preocupe no pierda la fe que voy a salir de acá, le mando muchos saludes a mis abuelos, que Dios me los bendiga a todos, en vez de cosas de aseo mándeme comida por favor, he estado recibiendo los paquetes no se si me los han enviado ustedes”, dice. Las cartas que solo pueden enviar y recibir los cuerpos consulares de cada país tienen un máximo de 150 palabras, que es menos de lo que tiene este párrafo. Menos de dos meses duró el sueño salvadoreño.

En ese operativo del 9 de junio también capturaron a Yeison Mesa Patiño y a Davinson Didier Hincapie Marín, otros dos campesinos antioqueños que llevaban menos de dos meses en el país y de los que no se sabe nada, solo que están recluidos en la cárcel de Santa Ana, al norte del país. Una cárcel que, según los videos de Tiktok de influencers y medios de comunicación afines al gobierno es todo un modelo de resocialización y autogestión, donde los reclusos trabajan en plantas de producción haciendo sillas y mesas para las escuelas o confeccionando uniformes para los estudiantes en un plan que se llama Cero Ocio, donde, al parecer, no hay tiempo ni para llamar a un abogado.

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Además, tampoco es claro cómo ese trabajo puede ayudar a reducir las penas, porque ni siquiera hay penas ni menos una remuneración. De hecho, cada familia debe enviar todos los meses un paquete con la dotación, el vestuario y la comida para los reclusos y, además, pagar un “pin” en la tienda de cada cárcel, para que los reclusos puedan comprar lo que necesiten. El pin vale 100 dólares al mes ($431.000) y para conseguirlos, Doris, Mónica y Marta, las madres de los tres antioqueños que tienen un grupo en Whatsapp que se llama “Los muchachos” hacen rifas con toda la familia. En la única carta que ha podido enviar Yeison, dice: “´quisiera que me envíen más comida y medicamentos´. También manifestó que presenta hongos en la piel y alergia debido a que duerme en el suelo”.

Entre junio y julio del 2023, la policía salvadoreña hizo operativos en los que capturó a más de 100 colombianos acusados de pertenecer a “esquemas de microfinanciamiento que lavaban dinero proveniente del tráfico de drogas y actividades de pandilla”. El 19 de julio, Bukele les dio un ultimátum de 72 horas para salir del país a los gota a gota, pero entonces para John Alejandro, Yeison y Didier ya era muy tarde, “después no escucharemos lamentaciones”, escribió Bukele en Twitter y ha cumplido.

En el último año ni la cancillería, ni el presidente Petro, que en enero pasado por poco desata una guerra comercial y diplomática con Estados Unidos por las condiciones en que envió a unos deportados al país, se ha lamentado o indignado o protestado, al menos públicamente, por alguno de los más de 100 colombianos detenidos e incomunicados, secuestrados sería más preciso, en las cárceles de El Salvador.