Trump podría afrontar proceso por desacato tras deportación de migrantes

MADRID, España.- Un juez federal en Estados Unidos dio inicio este miércoles a un proceso para declarar en desacato al Gobierno del presidente Donald Trump, al considerar que desobedeció de forma deliberada una orden judicial que prohibía la expulsión de más de 200 migrantes.

La mayoría de los afectados son venezolanos que fueron deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel construida por el Gobierno de Nayib Bukele para albergar a miembros de pandillas y otros acusados de delitos graves.

El magistrado James Boasberg, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, concluyó que existen elementos suficientes para sostener que la administración Trump violó intencionalmente una orden emitida el pasado 15 de marzo. Esa resolución judicial ordenaba detener de inmediato los vuelos de deportación programados y revertir los ya iniciados bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa con más de dos siglos de antigüedad, raramente invocada en la historia reciente del país.

Pese a ello, el Gobierno siguió adelante con la expulsión masiva de los migrantes, a quienes había acusado de formar parte del grupo criminal Tren de Aragua sin que se demostrara su implicación individual. Boasberg expresó en su escrito que permitir al Ejecutivo ignorar el mandato del tribunal “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.

El juez ha dado plazo hasta el 23 de abril para que el Ejecutivo identifique a los responsables de la ejecución de las deportaciones y muestre pruebas de sus esfuerzos por cumplir con la orden judicial.

Uso de una ley de 1798 y tensiones con el Poder Judicial

La medida de expulsión fue justificada por la Casa Blanca mediante la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798 durante el mandato de John Adams. Se trata de una ley pensada para contextos de guerra, que permite deportar a ciudadanos de países considerados hostiles. En este caso, sin embargo, fue empleada para justificar la salida forzada de migrantes sin un debido proceso, lo que ha generado críticas de juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Aunque el Tribunal Supremo levantó recientemente una prohibición general sobre estas expulsiones, también indicó que los migrantes deben poder impugnar su deportación en tribunales estatales. La administración Trump, no obstante, no esperó resolución alguna y procedió con los vuelos en masa, ignorando las órdenes de los jueces federales.

El presidente reaccionó a través de su red Truth Social, donde defendió la legalidad de sus políticas migratorias y criticó lo que calificó como una “intromisión judicial injustificada”. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que apelará la decisión de Boasberg.

En paralelo, otros jueces federales han expresado su malestar por la actitud del Gobierno. Entre ellos, la jueza Paula Xinis, quien ordenó la repatriación de Kilmar Ábrego, un salvadoreño deportado por error pese a tener su caso pendiente en tribunales. Ábrego permanece detenido en el CECOT, y las autoridades estadounidenses han evitado iniciar gestiones para su retorno, alegando que dependería de una solicitud formal de El Salvador.

El proceso de desacato abierto contra el Ejecutivo de Trump subraya las crecientes tensiones entre el Gobierno federal y el Poder Judicial en torno a la política migratoria. También pone en evidencia el uso de herramientas legales excepcionales sin garantías jurídicas básicas, en un contexto de endurecimiento del control fronterizo. Si el juez Boasberg concluye que hubo desacato, podrían iniciarse acciones penales contra altos funcionarios de la administración actual.