Caso UNGRD: Andrés Calle busca evitar la cárcel y le pide a la Corte Suprema defenderse en libertad
- Colombia
- abril 16, 2025
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La justicia en Colombia empieza a mostrar resultados concretos en la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las condenas ya proferidas contra dos implicados y la posible imputación de cargos a personas cercanas al Gobierno Nacional han activado movimientos entre otros involucrados, que ahora buscan salidas jurídicas para evitar mayores consecuencias.
Uno de ellos es el representante y expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quien —según trascendió— solicitó a la Corte Suprema que se abstenga de imponerle una medida de aseguramiento.
“El recaudo probatorio, la realización de diligencias, las víctimas y la sociedad no han estado afectadas. Luego de casi un año de haber iniciado la indagación previa, no resultaría necesario ni proporcional imponer una medida de aseguramiento en contra de Andrés David Calle Aguas”, se lee en el documento enviado por su abogado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, revelado por la revista Semana.
El representante es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho impropio en calidad de autor, peculado por apropiación en favor de terceros como interviniente, y financiación ilegal de campañas.
Todo está relacionado con la red de corrupción que se tomó la UNGRD y desvió recursos públicos mediante contratos que, en principio, estaban destinados a atender emergencias por desastres naturales. Sin embargo, según el expediente, los dineros habrían terminado en manos de congresistas, entre ellos Andrés Calle.
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Los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, aseguraron que Calle habría recibido mil millones de pesos como soborno a cambio de apoyar al Gobierno en la aprobación de sus reformas en el Congreso.
No obstante, la defensa del congresista insiste en que no existe responsabilidad penal alguna por parte de su cliente y sostiene que Calle ha colaborado en todo momento con la justicia, lo que demostraría que no tiene intención de evadir el proceso.
“La conducta del Dr. Calle Aguas, desde un primer momento y hasta la fecha, lejos de mostrarse ajeno o incluso pasivo ante este escenario mediático y judicial, ha sido precisamente todo lo contrario. Desde el principio demostró su interés con el fin de ejercer su defensa, pero, además, el de acudir ante cualquier llamado de la justicia en cabeza de esta Corporación”, dice la carta.
En concreto, y según Sneyder Pinilla, quien para la época del desfalco era subdirector de la UNGRD, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, le fueron entregados mil millones de pesos como soborno.
La entrega la habría realizado el propio Pinilla por orden de su jefe, Olmedo López, quien entonces dirigía la Unidad. López, a su vez, habría recibido la orden de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) en esa época.
Pinilla detalló que tuvo que desplazarse hasta la casa de Calle en la ciudad de Montería para entregar el soborno. Sin embargo, la tarea no fue del todo fácil. Fiel a la estructuración de una empresa criminal, sus integrantes cuidaron hasta el más mínimo detalle.
Por ejemplo, para que el movimiento de dinero desde Bogotá, donde estaba Pinilla, hacia Montería no levantara sospechas, decidieron hacerlo a través de criptomonedas.
“La plata la llevaron mediante criptomonedas de un sector al otro. Entregué aquí 1.000 millones de pesos y me entregaron 1.000 millones de pesos en Montería (…) porque 1.000 millones de pesos no se pueden llevar en el avión hacia Montería, entonces había que buscar una forma de colocarlos en Montería. ¿Y cuál era la mejor forma? A través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque entregas aquí y al otro día te entregan en el otro sitio”, detalló Pinilla
La transacción ilegal, relató Pinilla, quedó consumada el 14 de octubre de 2023, cuando entregó los mil millones en efectivo en el apartamento del representante.
El dinero, según los testimonios, Calle lo habría destinado a la financiación de las campañas políticas de su padre y hermano, en el departamento de Córdoba.
