Tráfico de batas blancas en el Caribe: La historia de cinco cubanas

A finales de marzo, durante su primera visita oficial a Jamaica, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmó la postura de Washington sobre las brigadas médicas cubanas: “Básicamente operan como trabajo forzoso”, dijo Rubio en rueda de prensa, y mencionó que, a estos sanitarios, “el Gobierno cubano decide cuánto o qué darles” en pago por sus servicios, y “les retira el pasaporte”. Las fuertes acusaciones, pese a que fueron rechazadas públicamente por las autoridades jamaiquinas, cubanas y de otros países de la región, tuvieron un efecto inmediato en la misión médica de Jamaica: la parte cubana —que efectivamente sí había decomisado los pasaportes— dio la orden de devolver los documentos al personal sanitario. 

En este reportaje, cinco trabajadoras de la salud revelan un patrón expropiativo y de control extremo en las brigadas cubanas en la cuenca del Caribe que los gobiernos anfitriones se empeñan en negar. Sus experiencias, acompañadas de documentación oficial, contribuyen a despejar las dudas sobre cómo Cuba viola sistemáticamente las normas internacionales del trabajo en las misiones médicas.

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Para Yaniset*, formar parte de la “Brigada Médica Cubana en Jamaica” nunca fue un acto voluntario, ni de solidaridad: pocas cosas empujan más que el hambre de una hija y un salario que no alcanza para llenarle el plato. Por eso, no pudo negarse a prestar servicios médicos en Kingston, como “heroína de bata blanca” y bajo las órdenes del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba. Pero, más que salvar vidas ajenas, terminó por rescatar a su familia de la miseria que amenazaba con tragársela. 

En 2015, Yaniset solo tenía un propósito: darle una vida mejor a su niña, a la que tuvo que dejar atrás, según cuenta a CubaNet, en referencia a la prohibición, impuesta por el régimen cubano de viajar a las misiones en compañía de la familia. Y agrega: “Fue el único modo de poder arreglar mi casa porque con mi salario… o le daba de comer a mi hija (mal comer) o la vestía”. Estaba consciente de que la comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, empresa del MINSAP que gestiona la captación de personal cubano con el gobierno local, se quedaría con una parte de su salario, pero pensó que, aun así, valdría la pena el sacrificio. 

Unos siete años después, Mirta* aterrizó en la misma ciudad jamaiquina enfocada en trabajar para ahorrar dinero. También dejó en Cuba a su hija, al cuidado de sus padres ancianos. Todos los cuños en su pasaporte —que no son pocos— se los debe al ir de venir de las misiones. En todo este tiempo, las autoridades de su país no han encontrado una solución a las miles de madres que deben separarse de sus hijos para cumplir “misión internacionalista”.

La razón es mantener a la familia como rehén en la Isla para que el profesional se vea obligado a regresar a Cuba y continúe su servicio al sistema, señala la investigadora María Werlau, directora ejecutiva de la ONG Archivo Cuba, con sede en Miami, Estados Unidos. 

Son las madres, —y los niños y las abuelas cubanas— quienes cargan con el peso de las políticas sociales y de salud fallidas en una Isla de la que deben escapar para mantener el cuidado y la alimentación de los que han dejado atrás. El costo humano es incalculable y recae sobre la familia.

“Como madre, perdí muchas cosas del tránsito de la niñez a la adolescencia de mi hija. Es lo que más me ha golpeado; aún no lo termino de procesar”, lamenta Mirta, que ha visto los obstáculos de los funcionarios cubanos en casos de emergencia familiar. “Se le hace difícil al colaborador ir a Cuba a despedir a un ser querido en su etapa final y hasta asistir a su velorio o entierro”, agrega.

Uno a uno, los planes de Yaniset y de Mirta se fueron deshaciendo. No importaba cuántas horas extras trabajaran, nunca lograban ahorrar suficiente dinero por las condiciones leoninas de su contratación. Desde al menos 2015, los médicos cubanos en la misión de Jamaica son despojados de sus salarios. En su lugar, reciben un estipendio mensual del que deben transferir, bajo amenazas, el 50% a la cuenta de la Brigada Médica Cubana en ese país —explica Mirta—. Lo que queda para el colaborador es menos de la mitad de lo que gana un colega jamaiquino y califica como extorsión, una forma de esclavitud moderna que las autoridades de este y de otros países de la región insisten en negar.  

“Gracias a Marco Rubio, nos devolvieron el pasaporte”

El 25 de febrero, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos podría revocar las visas de funcionarios extranjeros cuyos países empleaban a profesionales de Cuba, particularmente en las misiones médicas. La medida, que busca combatir prácticas de trabajo forzoso en programas de cooperación internacional y responsabilizar a los gobiernos involucrados, fue recibida con preocupación y rechazo por parte de la comunidad latinoamericana y del Caribe, que utiliza personal sanitario cubano para mantener a flote sus servicios. 

Solo en la cuenca del Caribe, Cuba ha desplegado unos “19.000 ‘colaboradores’ en salud, que representan alrededor del 75%” de los que actualmente laboran en el mundo, y facturan miles de millones de dólares cada año para el régimen, dijo a CubaNet María Werlau.

Además del importante peso financiero —precisa la investigadora— el programa de cooperación sirve “como propaganda y para generar adeptos” porque “crea lealtades que aseguran votos en los organismos internacionales y apoyo internacional”. 

En una reciente visita oficial a Jamaica, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aclaró que su país no se opone a la prestación de asistencia médica, ni a la labor de los médicos cubanos. La objeción es con las violaciones de las normas internacionales del trabajo inherentes al programa de cooperación del régimen de Cuba.

“Me refiero a este programa en general, a cómo se aplica en todo el mundo. Y como se aplica en todo el mundo es que, básicamente, a los médicos no se les paga…”, dijo. Luego agregó que solo el Gobierno cubano puede decidir qué porción del salario están autorizados a cobrar los “colaboradores”. El funcionario cubanoamericano precisó que la apropiación salarial, así como la confiscación de los documentos de identificación, es un patrón de trabajo forzoso presente en estas brigadas. 

En respuesta, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton, han insistido en que el personal médico cubano “presta un valioso servicio en el sistema de salud pública” en su país y no es explotado. Jamaica enfrenta una importante crisis de personal sanitario, agravada por la COVID-19, con un déficit de alrededor del 50% de médicos y enfermeros; una problemática que se extiende en la región y de la que Cuba ha sabido sacar partido. Otros países de la Comunidad Caribeña (CARICOM) ya habían negado las acusaciones de trata de personas en las brigadas médicas cubanas afincadas en sus territorios. 

“Nos aseguramos de que sean tratados dentro de nuestras leyes laborales y se beneficien como cualquier otro trabajador. Por lo tanto, cualquier caracterización del programa por parte de otros ciertamente no sería aplicable a Jamaica”, enfatizó Holness. Igualmente, el titular de Salud explicó que su país se involucra en la contratación de personal cubano y garantiza una remuneración acorde, lo que fue replicado por el oficialismo cubano.

La jefa de la Brigada Médica Cubana en Jamaica, Katia Ochoa, agradeció el apoyo de las autoridades ante lo que consideró “ataques a las misiones de salud por parte del secretario de Estado de EE.UU.”. Según Michael Cabrera, director de la Unidad Central de Cooperación Médica —otra entidad del MINSAP que desde 1984 coordina el envío de misiones de salud al exterior— más de 24.500 profesionales cubanos prestan servicios en 56 países, algo que, asegura, “no lo va poder cambiar el Gobierno de EE.UU. ni nadie que lo intente”.

Sin embargo, las declaraciones de Rubio tuvieron dos efectos inmediatos: el Gobierno de Jamaica anunció que, “coincidentemente”, había iniciado una revisión de los términos del convenio bilateral con Cuba (que establece el pago salarial a la cuenta bancaria de la brigada médica y no directamente al trabajador cubano), lo que permitirá “aclarar cuestiones” y “ajustar elementos del acuerdo”, declaró Tufton. También, la parte cubana —dirigida por Ochoa— dio la orden a los jefes de brigada de entregar los documentos de identidad a los colaboradores. 

“Gracias a Marco Rubio, devolvieron el pasaporte a todos los colaboradores; al menos es un avance”, dijo a CubaNet una sanitaria desde Jamaica, que pidió anonimato por temor a represalias. 

Tres fuentes consultadas por CubaNet aseguran que la jefatura de la brigada retira los documentos de identificación a sus subordinados ―cuando estos llegan a Jamaica― para evitar que abandonen la misión. “Con el pretexto de que te van a estampar el permiso de trabajo en el pasaporte, ellos te lo quitan”, precisa Yaniset. Los colaboradores, para hacer cualquier trámite, deben solicitar permiso a la jefa de brigada y, a su vez, esta debe contar con la autorización de la jefa de la misión. 

Más de 400 profesionales cubanos de la salud prestan servicios en Jamaica. De ellos, un tercio regresará próximamente a Cuba, según declaraciones del ministro de Salud y Bienestar de la otrora colonia inglesa, quien aclaró que la retirada no se debe a la reciente polémica sobre trabajo forzado en las brigadas médicas cubanas, sino que coincide con un proceso de renovación de personal. Otros médicos y enfermeros que ya han sido entrevistados vendrán en su lugar, aseguró. 

Datos de Archivo Cuba ubican a la Brigada Médica Cubana de Jamaica como la cuarta más numerosa (y lucrativa) en la región para el régimen de La Habana, después de las de Venezuela, México y Guatemala.

El patrón expropiativo y los mecanismos de control empleados por la oficialidad cubana en otras misiones médicas, aunque con ciertas diferencias, también están presentes en la isla anglófona.

El día 10 de cada mes, Jamaica deposita el salario de los trabajadores de la salud cubanos en la cuenta de la Brigada Médica Cubana y luego esta efectúa el pago de un estipendio al trabajador. De acuerdo con testimonios y documentos oficiales de la misión consultados por CubaNet, las mensualidades oscilan entre 1.400 y 2.100 USD. De ellos, Cuba se queda con el 50%. Mientras, al otro 50%, que va a la cuenta de cada colaborador, se suman 200 USD garantizados por Jamaica para cubrir gastos de vivienda; de manera que el ingreso básico más alto —después de devolver lo que exige la Brigada Médica Cubana y pagar la renta— es el de los médicos (1.050 USD o 6.06 USD por hora). El pago de gobierno a gobierno se desconoce, aunque se sabe que un galeno contratado de manera independiente puede ganar más del doble de esa cifra. 

Una de las características inherentes a los convenios de esta naturaleza es la existencia de una cláusula de confidencialidad. La falta de transparencia permite que prácticas abusivas proliferen en las brigadas médicas cubanas y sean difíciles de detectar, algo que condenó recientemente el Gobierno de EE.UU. a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Jamaica también remunera las horas extra trabajadas, pero igualmente el profesional cubano debe entregar una parte significativa de ese monto a Cuba, después de descontar complementos de “meal” y “taxi”, que cubren los costos de alimentación y transporte. Estos, son considerados por la dirección de la misión como ingresos no reembolsables, al igual que asignaciones por ubicación y responsabilidad médica, por ser imprescindibles para la permanencia y el desenvolvimiento del profesional cubano en Jamaica. “El resto hay que dividirlo por dos”, precisa Yaniset.

Para enmascarar la apropiación de los ingresos de sus trabajadores, la oficialidad cubana se refiere al reembolso obligatorio del 50% como “remesa”, término que da una dimensión personal a la transferencia bancaria, como si se tratara del envío de dinero a un ser querido o un regalo que se hace de manera voluntaria. 

“En los payslips [recibos de sueldo] está el pago que hace el hospital los días 25, por concepto de horas extra trabajadas. De ahí uno también reembolsa el 50%”, precisa Yaniset. La remuneración adicional sí es a través de pago directo del hospital al médico cubano y se realiza en dólares jamaiquinos. La misión cubana impone una tasa de cambio de 154 por 1 USD, según documentos oficiales filtrados a CubaNet.

Recibo de sueldo de ingresos adicionales con cálculos de la autora a partir de la diferencia entre el pago neto e ingresos “no reembolsables”. Ese mes, la sanitaria recibió 94.586,97 dólares jamaiquinos “reembolsables” por conceptos de día festivo, standby o jornada en espera, e incentivo relacionado con el enfrentamiento de la Covid-19. El monto a devolver a Cuba (307 USD) es resultado de la conversión en dólares a partir de la tasa de cambio impuesta por la Brigada Médica Cubana y luego la deducción del 50% que exige la jefatura. Cortesía de una trabajadora sanitaria cubana. 

Las transferencias de sus ingresos netos se realizan a fin de mes “a una cuenta a nombre de la misión médica en el banco NCB [National Commercial Bank]”, explica Yaniset. “Es frustrante ver los días 25 de cada mes cómo se sienten los colaboradores. Se nota el descontento. Muchos dicen que no van a trabajar horas extra porque, para qué, si tienen que dar la mitad. Es muy humillante”, lamenta.

Para comprobar que la deducción se corresponde con la cantidad exigida, los sanitarios deben “entregar el payslip a la jefa de brigada” y mostrar los recibos de depósito, una vez realizada la devolución del 50% a la Brigada Médica, explica la fuente. Por su parte, la jefatura de la brigada envía correos electrónicos y recordatorios por la red de mensajería encriptada Telegram con las particularidades de la remuneración y los pasos para devolver los ingresos al Estado cubano. 

Luego, el colaborador debe enviar a la dirección de la Brigada Médica una declaración jurada firmada con el monto a reembolsar a la cuenta de la misión, como estipula el contrato laboral que tampoco se entrega a los sanitarios (lo firman antes de salir de Cuba, pero no les dan tiempo a leerlo, según testimonios de varias sanitarias).

“Ese dinero va para no se sabe dónde, porque vas a Cuba y ves que sigue la misma miseria”, comenta, en referencia a la deformación inversionista en Cuba en favor de la industria turística y en detrimento de la salud y la asistencia social, que no reciben ni el 2% de los ingresos del país, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

“El colaborador en Jamaica está como raptado. Es horrible; uno acepta el contrato porque, realmente, ¿quién vive en Cuba con 50 USD de salario?”, cuestiona.

Otro aspecto cuestionable de las brigadas médicas cubanas es la politización de la atención sanitaria. La jefatura de la misión exige a los colaboradores que se tomen fotos realizando su trabajo, para luego publicarlas en perfiles oficiales en redes sociales, con motivos propagandísticos. 

Sin embargo, “algunos han tenido problemas”. En los servicios donde trabajan les han informado que “por pólizas y protocolo ellos no podían estar tomando fotos con pacientes”, por razones de privacidad, explica Yaniset. Los sanitarios cubanos que, en observancia de las reglas jamaiquinas, se niegan a hacer proselitismo, son amenazados entonces por la misión “por no cumplir con las instrucciones de arriba”.

El régimen en las misiones también se extiende al control de las relaciones humanas. A los colaboradores les está prohibido relacionarse con sus colegas de la Isla que están contratados de forma independiente, como ya han denunciado médicos que han prestado servicios en Venezuela y Angola. Según Yaniset, “no se puede hablar” y los colaboradores viven amenazados con la revocación de su contrato por parte de los jefes de la misión. 

Las estrictas condiciones están comprendidas en la Resolución 368 de 2020 o “Reglamento disciplinario del colaborador”, y contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, refuerza el control estatal sobre los trabajadores cubanos y limita severamente su libertad de decisión, de expresión e incluso de elegir con quién formar una familia. El reglamento, junto al contrato laboral, se convierte en un instrumento jurídico de coerción dentro de las brigadas médicas cubanas.

Cansados de tanto control, algunos colaboradores desafían las exigencias de la brigada, se niegan a entregar sus ingresos y son presionados. “Les dicen que los van a enviar para Cuba, y les advierten que ellos tienen forma de averiguar si hicieron horas extra o no”, cuenta Yaniset. Similar situación ha podido ser contrastada por CubaNet en Dominica.

Dominica

Iliana* fue llevada ante una comisión disciplinaria porque “se niega a aportar su remesa [reembolso] al país”, se lee en el documento para constancia de la jefatura de la Brigada Médica Cubana de Dominica, al que CubaNet tuvo acceso. La actitud de la sanitaria, según el texto, “viola el contrato de trabajo para la prestación de servicios… especialmente el acápite 6.1 relacionado con la obligación de remesar [reembolsar] hacia Cuba”, así como el Reglamento disciplinario para colaboradores. 

De acuerdo con la colaboradora de la Brigada Médica Cubana de Dominica, el método de expropiación salarial es en efectivo, porque en la Mancomunidad de Dominica “los bancos son estadounidenses y no se puede transferir dinero a Cuba por ninguna vía”. En este caso, el colaborador debe extraer la cantidad exigida por la misión cubana “como remesa familiar” y entregarla al jefe de brigada.

La especialista asegura que la tajada para el régimen de Cuba es de “miles de dólares”. “Uno puede ganar la cantidad que sea, por concepto de guardias, que solo puede quedarse con unos 200 USD”, asegura.

Del salario básico, a médicas como Iliana solo le corresponden 800 USD, para una remuneración máxima de 1.000 USD; “el resto hay que sacarlo del banco y entregarlo en efectivo a ellos [las autoridades de la misión médica]”, lamenta la doctora. Asimismo, agrega que el pago de gobierno a gobierno es mucho mayor por médico, pues incluye otros gastos. 

En la Brigada Médica Cubana de Dominica se maneja que el país receptor incurre en gastos de 11.000 USD por médico cubano, aunque la profesional dijo desconocer exactamente a cuánto asciende. Por la misma razón, no es posible calcular los ingresos de Cuba por este concepto en la nación caribeña. 

El régimen de La Habana ha desarrollado un sofisticado sistema de apropiación salarial, mientras aparenta ajustarse a las normas y exigencias de cada país. En lugares donde ejerce mayor influencia, como Angola y Venezuela, existen compañías cubanas con personalidad jurídica que sirven de intermediarios entre el país receptor y el colaborador cubano (fundamentalmente médicos, maestros o ingenieros). Entre ellas, destaca ANTEX S.A., brazo ejecutor del conglomerado militar GAESA en misiones en África que retiene entre el 76 y el 91% de los salarios de los trabajadores que subcontrata, mientras que la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. y la Unidad Central de Colaboración Médica se quedan con, al menos, el 50% de los ingresos netos de su personal.

En cambio, en países donde no es permitida la intermediación —como Arabia Saudita y Catar— el pago salarial se realiza directamente al trabajador cubano, lo que crea la ilusión de que este recibe la remuneración íntegra por su trabajo. En ambos casos, la jefatura de la misión exige, todos los meses sin excepciones, una transferencia bancaria del 80% (Arabia Saudita) y el 90% (Catar) del salario a una cuenta del Gobierno comunista.

Se trata de la regla de oro en el empleo masivo de profesionales cubanos derivado de convenios bilaterales. Solo la contratación independiente garantiza que las libertades individuales y los derechos laborales de los trabajadores sean respetados, por tanto, es menester “que los países receptores realmente necesitados de importar trabajadores de la salud, ofrezcan los puestos vacantes competitivamente y de forma directa”, advierte la directora ejecutiva de Archivo Cuba. 

Otra cuestión tiene que ver con el capital: la exportación de servicios profesionales cubanos, especialmente médicos, constituye la primera fuente de ingresos para el Estado cubano. Esto hace imposible que las compañías estatales que controlan este rubro permitan a los trabajadores conservar su salario íntegro. ¿Cómo, entonces, generarían entre 4.000 y 6.000 millones de dólares cada año? ¿Por qué, si las condiciones son justas en estas brigadas, más de 10.000** cooperantes han sido considerados “desertores” por rescindir sus contratos o negarse a regresar a Cuba al término de estos? ¿Cómo se explica que el estatus jurídico de “regulado” (restricción de salida del país) no se aplique a los que salen a cumplir servicios bajo el control estatal? ¿Por qué se continúa penalizando a los médicos y otros profesionales cubanos con ocho años de destierro por abandonar estos programas?

Por último, la misión de Dominica no solo presiona a sus colaboradores para entregar parte de su salario, sino también para que participen en actividades políticas y de propaganda, como sucede en Jamaica, lo que se suma al patrón de explotación que se ha consolidado a lo largo de décadas del programa.

Santa Lucía

Carmen* vivió un infierno en Santa Lucía 10 años antes, cuando fue contratada por la Unidad Central de Cooperación Médica Cubana. Llegó a ser perseguida y estuvo prácticamente en situación de calle, algo que, cuando llegue el momento, asegura que contará. 

“La mía es una historia larga, más o menos la de todas las misiones. Un jefe corrupto y prepotente, y un grupo de silenciosos esclavos… hasta un día. Les agradezco haber hecho mi vida imposible. Abrí los ojos y logré un contrato personal para mí, regresé al mismo país y soy libre. Igual, sin razón ninguna pusieron mi nombre en la lista negra y no puedo regresar a Cuba”, declara.

Solo cuando obtuvo su contrato independiente, supo que lo que gana un médico sin intermediación del Estado cubano es el doble de lo que le pagaba la misión. Del ya exiguo estipendio, debía transferir, como en el caso de sus colegas en Jamaica y Dominica, el 50% de todos sus ingresos a una cuenta de la Brigada Médica Cubana. Así lo exigía su contrato laboral (lo que, en la práctica, le dejaba solo con el 25% de la remuneración que le correspondía como doctora en medicina).  

Al firmarlo, se comprometió a entregar su pasaporte a sus superiores, bajo las condiciones estipuladas en este. Asimismo, debió ceder al jefe de brigada “facultades amplias y suficientes para actuar en su nombre y representación” ante las autoridades santalucenses. 

“El punto es que cuando estás en Cuba, muriéndote de hambre, con dos hijos que no tienes cómo ayudar, tú firmas lo que sea”, asegura.

“Es que hemos pasado mucho; hemos sufrido mucho. Es complicada la situación que hemos vivido”, reflexiona Carmen sobre las experiencias en las misiones médicas cubanas.

Carmen debía entregar los recibos de pago a la jefatura de la misión porque tampoco en Santa Lucía la palabra del médico cubano bastaba. 

De acuerdo con el Convenio de Cooperación entre el MINSAP y el Ministerio de Salud, Bienestar, Servicios Humanos y Relaciones de Género de Santa Lucía, el país receptor tiene la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas, y de “cubrir los gastos de alquiler, suministro de gas y uso de internet, así como cualquier otro gasto necesario para el mantenimiento de la propiedad y su equipamiento”.

También corresponde a Santa Lucía proporcionar atención médica y dental gratuita, transporte diario al lugar de trabajo y cubrir los costos de pasajes aéreos internacionales, visados y permisos necesarios para los especialistas cubanos en misión. Al mismo tiempo, se compromete a asegurar el pago de una asignación económica para cubrir los gastos personales y de alimentación de los colaboradores.

“Para Santa Lucía es un negocio redondo tener un grupo de médicos a los que le solo les paga la mitad de lo que le paga a los nacionales. Y para Cuba es un negocio redondo porque, de este dinero que van a recibir sus trabajadores, se lleva la mitad”, agrega Carmen.

A decir de María Werlau, “con una inversión mínima de recursos”, el régimen de La Habana “logra mucha influencia en los países”, a través de una relación de dependencia de los servicios cubanos. En paralelo, se apropia del esfuerzo de los contratados y expande las relaciones comerciales más allá de la venta de servicios, como la venta de medicamentos e insumos made in Cuba. 

Tal es el caso de la penetración del Grupo Jacden —un conglomerado de empresas jamaiquinas que opera en varios sectores, incluido el de los servicios farmacéuticos y médicos— cuyos socios absolutos son las cubanas COMBIOMED, BioCubaFarma, el Instituto Finlay de Vacunas y el Centro Internacional de Salud “La Pradera”. 

Otro mecanismo de penetración dentro de la diplomacia médica cubana es el otorgamiento de becas a estudiantes extranjeros que, al graduarse, se convierten en piezas clave en el marketing de la medicina cubana y sus misiones de internacionalización.

La expansión de servicios y empresas del régimen en otros países contribuye a la internacionalización de prácticas de trata de personas y trabajo forzoso. Lo anterior, advierte Werlau, “deriva en la violación sistemática de los derechos de todos los trabajadores de la salud en Cuba, presos de un sistema que los explota y no les permite vías alternativas independientes de empleo”. 

Solo unos pocos logran contratarse por su cuenta en terceros países. Cada médico que renuncia al MINSAP se traduce en miles de dólares menos en otros convenios de colaboración internacional. Las políticas salariales nunca han cubierto las necesidades de los trabajadores cubanos, y muchos de ellos emplean los mejores años de su vida de misión en misión, lejos de la familia.

Belice y otras denuncias

Tatiana Carballo Gómez estuvo en tres misiones diferentes (Belice, Venezuela y Brasil) desde 2006 hasta 2017. Sobre su paso por Belice, recuerda la persecución y el control de las autoridades cubanas: vivía hacinada en una casa con sus compañeros, sin poder salir, y debía asistir a actos políticos.

“Aquello era de la clínica para la casa y viceversa. Me estaba volviendo loca. Estuve el primer año y, al regresar a Cuba de vacaciones, no quise volver. Me quitaron los 50 USD que daban mensuales porque no cumplí los años de trabajo”, dijo a CubaNet.

El estipendio que recibió en los tres países nunca excedió el 25% de lo que los respectivos gobiernos pagaban por médico a Cuba. 

En casi 11 años de prestación de servicios, nunca le fue autorizada la presencia de sus hijos pequeños. Ambos quedaron al cuidado de la familia en Cuba. Aunque más tarde logró reunirse con su hijo, en Brasil, y luego con su primogénita, en Estados Unidos —donde actualmente reside—, siente que perdió una parte importante de sus vidas que no podrá recuperar. 

“Todos esos años estuve separada de mis hijos, de mi madre y de mi padre (que enfermó en el año 2009 y apenas alcancé a verlo vivo). Me perdí todo el desarrollo de mis hijos, sus éxitos y fracasos, y ya cuando los veía, apenas los conocía”, dijo en un testimonio publicado en Hypermedia Magazine. 

Desde sus tiempos en Venezuela, Tatiana padece de insomnio, lo que la ha hecho dependiente de fármacos. Todo empezó cuando fue amenazada a punta de pistola por malandros (pandilleros) en el Centro de Diagnóstico Integral donde trabajaba. La anécdota, hecha pública en un programa del medio digital CiberCuba, puso de manifiesto la inseguridad que también enfrentan los médicos cubanos en las misiones. 

“Nunca más pude dormir bien. Con el trastorno de sueño y la hipertensión que sufro debuté en Venezuela”, dijo entonces. 

Finalmente, pudo escapar amparada por el Programa de Parole para Médicos Cubanos (CMPP, por sus siglas en inglés) que estuvo vigente de 2006 a 2017, y permitía a sanitarios cubanos solicitar residencia legal en Estados Unidos tras abandonar las misiones médicas.

En 2017 se unió a la iniciativa No Somos Desertores que exige el levantamiento de sanciones del régimen cubano contra los profesionales que abandonan misiones y se asientan en el extranjero. En 2018 inició una demanda legal contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a la que acusa de haber facilitado una “red de tráfico humano” y “esclavitud” en el programa Mais Médicos en Brasil. 

Tatiana es la única de las entrevistadas que accedió a publicar su nombre real. El resto de las sanitarias vive con el temor de las represalias contra ellas y contra su familia en Cuba. Otras mujeres ni siquiera se atreven a denunciar.

Unas 50 millones de personas son explotadas en todo el mundo, estima el Índice Global de Esclavitud de la ONG Walk Free, que ha advertido un ritmo acelerado en el aumento de prácticas de esclavitud moderna. Solo de 2016 a 2021 las víctimas aumentaron en 10 millones. El 54% de ellas son mujeres. 

En Cuba, Walk Free ha cuantificado a más de 60.000 perjudicados por prácticas esclavistas y recomienda a las autoridades criminalizar el trabajo forzoso y el tráfico de personas en correspondencia con la legislación internacional.

Para que estas prácticas proliferen necesitan facilitadores en los países de acogida y funcionarios en la toma de decisiones dispuestos a mirar hacia otro lado porque de alguna manera se benefician con el esquema extractivo o porque desconocen de otras opciones menos controversiales para suplir la demanda de personal.

En las Bahamas, por ejemplo, las brigadas médicas cubanas llegaron para aliviar el impacto de la pandemia de COVID-19 y ya se han vuelto imprescindibles en programas como el oftalmológico. Incluso, fuentes oficiales proyectan triplicar su presencia en el archipiélago, pese a la también creciente preocupación por las denuncias de trabajo forzado que implican al Gobierno cubano. Documentos contractuales obtenidos por Archivo Cuba muestran que los cooperantes médicos cubanos ubicados en Bahamas solo tienen un estipendio de 990 USD, del cual deben entregar a la Brigada Médica el mismo porcentaje que sus colegas en Jamaica, Dominica y Santa Lucía. 

A partir de los testimonios recabados, la documentacion oficial y los criterios de elaboracion del índice de Esclavitud Global de Walk Free es pertinente asumir que los trabajadores de las brigadas medicas cubanas estan expuestos a prácticas de esclavitud moderna. 

Tres alternativas independientes a las brigadas nédicas cubanas

Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras —una ONG con sede en Miami que brinda apoyo en EE.UU. al personal de salud de otros países— está trabajando junto a legisladores estadounidenses para buscar soluciones a la irregularidad migratoria que enfrentan los sanitarios recién llegados y para reactivar el Programa de Parole para Médicos Cubanos (CMPP).

“Es importante reactivar el CMPP porque sería la vía mas efectiva de combatir el sistema de trata de personas y esclavitud moderna que constituyen las ‘misiones internacionalistas cubanas”, dijo Alfonso a CubaNet. Para el también doctor en medicina, “la apertura del CMPP abriría una senda legal y organizada” a los profesionales víctimas del régimen que escapan de las misiones.

Alfonso propone, además, una alternativa a las brigadas médicas cubanas: el establecimiento de programas de asistencia médica en las comunidades menos favorecidas de América Latina y del mundo, algo que, dice el entrevistado, se ha estado realizando “en países como Honduras y Haití a través de la organización Cruz Verde Internacional, mediante los Green Teams o Equipos Verdes”. 

En estas colaboraciones independientes, los trabajadores gozarán de garantías, pues serían contratados bajo convenios “completamente legales donde estos profesionales puedan recibir sus salarios completos bajo las normas y regulaciones laborales internacionales”, precisó. Se trata, a su juicio, de “una alternativa muy efectiva en la lucha con esa practica ilegal de contratos laborales de esclavitud moderna y servidumbre por deuda”.

Otra iniciativa para contratar médicos cubanos de forma independiente es Médicos Cubanos Libres, coordinada por Archivo Cuba, a través de su proyecto Cuba Salud, en colaboración con No Somos Desertores. 

Surgida en 2020 al calor de la emergencia sanitaria decretada por la COVID-19, la iniciativa pretende conectar a médicos cubanos titulados en Cuba con entidades de diversos países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios con personal extranjero. La contratación sería directa, sin mediación de entidades vinculadas a La Habana, y establecería el pago directo, así como la remuneración por viajes, alojamiento, seguro médico, y otros beneficios. 

Un tercer proyecto alternativo a las brigadas médicas cubanas es Doctor’s reserve, una organización privada sin fines de lucro y sin vínculos gubernamentales, políticos o religiosos que persigue “crear una red global de profesionales de la salud cubanos en el exterior”, según se lee en su página web.

El viernes 4 de abril de este año, el Parlamento Europeo (PE) admitió una enmienda a una moción de resolución sobre política exterior que condena las formas de “esclavitud moderna” y “trabajo forzado” en las brigadas médicas cubanas. La iniciativa, impulsada por el eurodiputado español Antonio López-Istúriz White, está precedida por la histórica votación del PE en 2021 en materia de derechos humanos de los profesionales en misiones, y envía un mensaje contundente hacia el régimen de La Habana. Con ello, la Unión Europea se alínea a Washington que, desde 2019, mantiene a Cuba en el nivel 3 —el de mayor severidad— de países que no cooperan para eliminar la trata de personas.

En la última década se han incrementado las denuncias, tanto de víctimas como de organismos internacionales y en los medios de prensa, sobre las normas represivas en brigadas cubanas de colaboración internacional. Desde 2014, las relatorías de esclavitud moderna y trata de personas han identificado evidencias de trabajo forzoso en estas misiones. Naciones Unidas ha pedido explicaciones a Cuba sobre entornos de trabajo insalubres, la retención de pasaportes y la separación forzosa de familias cubanas, especialmente de niños y sus progenitores (lo que fue alertado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en 2022). 

Como resultado de la concientización a nivel internacional, la contratación de servicios profesionales cubanos se ha contraído en casi un 30% en los últimos tres sexenios, según datos recabados por Archivo Cuba. 

Sin embargo, miles de trabajadores de la Salud que integran las brigadas médicas cubanas en el exterior continúan presas de un engranaje extractivo sin posibilidades de progreso y sin poder hacer valer sus derechos. 

“La misión es un robo, una esclavitud por donde quiera que la mires”, sentencia Yaniset. 

NOTAS:

CubaNet contactó a las autoridades de Cuba, Jamaica, Dominica, Santa Lucía y Belice. Hasta el momento de publicar este reportaje, no han respondido a las peticiones de información.

*Yaniset, Mirta, Iliana y Carmen son seudónimos de trabajadoras de la Salud cubanas que pidieron proteger sus nombres reales y omitir cualquier detalle que pueda identificarlas, por temor a represalias del régimen. 

**Cálculos de la autora a partir de los datos de 2.500 galenos que se negaron a regresar a Cuba tras derogarse el programa Mais Médicos en Brasil en 2018 y los 8.000 sanitarios que entre 2006 y 2017 huyeron de misiones y se refugiaron en Estados Unidos, amparados por el extinto Cuban Professional Medical Parole.