JEP fijó plazo para que último secretariado de las Farc responda por imputación de reclutamiento de menores

JEP fijó plazo para que último secretariado de las Farc responda por imputación de reclutamiento de menores

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le impuso un plazo al último secretariado de las extintas Farc para que acepte, o no, la imputación que pesa en su contra por delitos relacionados con el reclutamiento y explotación de niños, niñas y adolescentes.

“Seis exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP, imputados como máximos responsables por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, tendrán 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad ante la JEP. El plazo se cumple el próximo 21 de mayo”, señaló la Sala de Reconocimiento de la JEP.

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Los llamados a aceptar la imputación son Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Joaquín Gómez.

Todos ellos ya fueron imputados por los delitos de reclutamiento de niños, niñas y otros crímenes de guerra contra los menores de edad como malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales.

La imputación se basa en hechos ocurridos entre 1971 y 2016, con mayor frecuencia entre 1996 y 2016. Durante ese periodo, 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, así como de otros crímenes de guerra incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.

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De acuerdo con la JEP, los exguerrilleros, convertidos en políticos activos gracias al desarme de las Farc en el año 2016, son responsables de cuatro patrones macrocriminales durante su actividad subversiva:

1. Reclutamiento y utilización de niñas y niños, incluidas personas menores de 15 años.

2. Malos tratos, torturas y homicidios en el marco de la vida intrafilas.

3. Violencias sexuales y reproductivas contra niñas reclutadas.

4. Violencias basadas en prejuicio contra víctimas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas.

La JEP advirtió que los miembros del Secretariado conocían de manera directa la vinculación de los menores al conflicto –así como las vulneraciones que vinieron después– y que no tomaron medidas necesarias para prevenir, contener o sancionar estos hechos.

El 13 de noviembre pasado, el último secretariado de las Farc publicó un comunicado en el que aceptaba la imputación. El pronunciamiento, parece, solo se quedó en el papel porque la JEP los llama a acelerar el proceso de aceptación o no de la imputación.

“Como lo declaramos desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FarcC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, se leía en la carta pública.

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