En Cuba, el régimen comunista impuso hace más de 30 años un Decreto-Ley que permite deportar a los orientales de La Habana por ser considerados migrantes ilegales en su propio país. La policía los detiene, los expulsa y los devuelve a sus provincias de origen solo por no tener residencia en la capital.
Sin embargo, muchos de los que vivieron bajo ese sistema y nunca alzaron la voz contra esa injusticia, ahora se encuentran en Estados Unidos en una situación similar. Claman por ayuda, denuncian las deportaciones y exigen derechos que nunca defendieron para sus propios compatriotas en Cuba.
Es irónico que quienes fueron indiferentes ante la represión interna, ahora pidan solidaridad en tierra ajena. La diferencia es que en un país democrático pueden protestar, mientras que en Cuba, el silencio fue la única opción.