Pasivos de Savia Salud ya superan los $1,2 billones

Las deudas de Savia Salud siguen agravándose. Mientras el Gobierno Nacional ya ajusta tres interventores, el último envuelto en severos cuestionamientos, la EPS ya acumula pasivos por encima de los $1,2 billones.

Según se desprende de los estados financieros entregados a la Contaduría General de la Nación por esa entidad, dicho hueco, consolidado con corte a diciembre de 2024, corresponde a $280.269 millones más en comparación con el mismo periodo del año anterior y a un incremento del 28,9%.

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La EPS también incrementó sus gastos de administración y operación, que pasaron de $95.731 millones en diciembre de 2023 a $112.243 millones en diciembre de 2024; es decir, un 17,25% más.

Desde la Asamblea de Antioquia, el diputado Jorge Correa alertó que, además de esos dos indicadores, la EPS también vio crecer en un 30% su cartera vencida y tenía en vilo a varios hospitales públicos.

Según señaló el corporado a finales de febrero pasado, dentro de las instituciones a las que más le debía estaba el Hospital La María, con una deuda de $126.281 millones; el San Rafael de Itagüí, con $44.504 millones; el Hospital Mental de Antioquia, con $26.601 millones; el Marco Fidel Suárez de Bello, con $58.136 millones; y el Hospital Carisma, con $920 millones de deuda.

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“Savia Salud tiene facturas sin pagarle a nuestros hospitales con vencimientos de más de un año. Al final, esto se traduce en dificultades para los pacientes”, expresó Correa, quien ha sido una de las voces más críticas en esa corporación por los manejos de la EPS desde que está bajo el control de la Superintendencia Nacional de Salud.

Este mes Savia ha estado nuevamente en el ojo del huracán por cuenta del nombramiento de su tercer agente interventor, identificado como Luis Óscar Gálvez Mateus, quien llegó tras la renuncia de Diana Constanza Rodríguez.

Pese a tener experiencia en el sector salud, Gálvez llegó arrastrando denuncias por presuntos malos manejos administrativos en entidades como el Hospital Departamental de Villavicencio, que incluso desembocaron en procesos en la Procuraduría.

En 2020, el hoy ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que contra Gálvez también avanzaba un proceso de extinción de dominio.