Audios revelan presunto tráfico de influencias de César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica, cuando era magistrado

Una investigación del portal La Silla Vacía expone que César Palomino, el director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado (Andje), fue grabado usando sus influencias para favorecer a sus familiares cuando era magistrado del Consejo de Estado.

En cinco conversaciones con Francisco Vidal Rojas, quien para entonces era precandidato a la Cámara del Chocó por el Partido Liberal, se ve que Palomino habría usado su poder como magistrado para buscar que altos funcionarios del Estado, incluido un ministro, habilitaran un lote para construir la nueva cárcel de Quibdó.

Las conversaciones, según ese medio, fueron entre el 7 y 27 de octubre de 2021. Los audios hacen parte de expedientes judiciales y ya habían sido ventilados en otros procesos contra Vidal.

Según lo que relata Palomino en una de las conversaciones con Vidal, ya había hablado con “el Ministro” y con un funcionario de la Uspec, entidad encargada de la infraestructura carcelaria, para destrabar el trámite. Aunque Palomino no identifica cuál ministro lo contactó, el Ministerio de Justicia es el encargado de las cárceles en el país. En ese entonces el jefe de esa cartera era Wilson Ruiz.

Palomino quería que la nueva cárcel se construyera en un predio de sus familiares, y en los audios queda prueba de que, además, ejerció presión en la Alcaldía de Quibdó para lograrlo.

En cuatro minutos de otra conversación, Palomino, siendo magistrado del Consejo de Estado, habló de que se contactó con cuatro entidades: la Alcaldía de Quibdó, la Gobernación del Chocó, la Uspec, y el Ministerio de Justicia. Todo con el propósito de favorecer intereses de sus familiares en el lote para la construcción de la nueva cárcel de Chocó.

Palomino, según fuentes consultadas por ese medio, está en el sonajero de la terna que enviará Petro al Senado para elegir un nuevo magistrado de esa alta corte.

Según la definición formal, la Defensa Jurídica del Estado (Andje) se encarga de “prevenir actos por parte de servidores y entidades públicas contrarios a las normas jurídicas, sus daños y consecuencias”. Además, resuelve los conflictos por vías diferentes a un proceso judicial, como lo son la conciliación, mediación, arbitraje y negociación.