Exministro Luis Fernando Velasco dio instrucciones para direccionar contratos en la UNGRD, según la Fiscalía

Con la imputación de nuevos delitos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía General abrió una nueva línea procesal en la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía detalló cómo y quienes participaron en el entramado corrupto que direccionó y se interesó de manera indebida de contratos dirigidos a atender emergencias en los municipios de Saravena, Arauca; Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Sahagún, Córdoba.

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Durante la lectura de la imputación, la Fiscalía se refirió a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla; a la exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides y a Jaime Ramírez Cobo, enlace del DAPRE con el Congreso.

En el caso de Velasco, la Fiscalía informó que habría dado instrucciones al entonces director de la UNGRD, Olmedo López para direccionar un contrato por valor de 35.000 millones para favorecer al congresista, Julio Elías Chagüi.

“El 4 de diciembre de 2023, usted señor Olmedo López se reunió con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos; el senador le indicaría dónde y con quién los ejecutaría”, señaló la Fiscalía en la imputación de cargos.

El ente investigador, sin embargo, aclaró que fueron varias las instrucciones de direccionamiento de contratos, pero que finalmente tras estallar el escándalo, no fueron entregados.

“Para el direccionamiento de la contratación, estos proyectos contractuales objeto de la presente imputación no alcanzaron a celebrarse por la unidad, en razón al escándalo de irregularidades en la contratación de la entidad (…) Los hechos jurídicamente relevantes del delito de interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el proyecto contractual”, señaló la Fiscalía.

En el caso de Bonilla, Benavides y Ramírez, según la Fiscalía, direccionaron indebidamente “en provecho propio y de terceros” de tres contratos en los municipios de Cotorra, Saravena, y Carmen de Bolívar.

En estos contratos, reza expediente, estaban interesados los senadores y representantes miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.

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“Jaime Ramírez Cobo del departamento administrativo de la Presidencia de la República les había comunicado la necesidad que la unidad tramitara la celebración de unos contratos con el fin de cumplirle a los congresistas de la Comisión interparlamentaria de Crédito Público interesados en los negocios jurídicos”, detalló la fiscal.

De acuerdo con la investigación, el monto de los contratos destinados al saqueo, que eran del interés de los parlamentarios, era de 92 mil millones de pesos.

“Ricardo Bonilla González le comunicó a usted la necesidad de acordar el direccionamiento de contratos con el fin de cumplir a los congresistas de la Comisión interparlamentaria de Crédito Público. Así mismo, María Alejandra Benavidez Soto le explicó a usted, señor Olmedo, que el valor aproximado de los contratos sería de 92000 millones de pesos en los municipios de Cotorra Córdoba, Carmen de Bolívar, Bolívar y Saravena, Arauca”, dice el proceso.

Por estos hechos, Pinilla y López fueron imputados del delito de interés indebido en la celebración de contratos en cinco eventos irregulares, aunque ninguno de los señalados aceptó los cargos.

Los contratos cuestionados corresponden a proyectos de mitigación de la temporada de lluvias en Cotorra (Sucre), por 44.522 millones de pesos; Carmen de Bolívar (Bolívar), por 12.356 millones; y Saravena (Arauca), por 32.559 millones.

Asimismo, la Fiscalía investiga un contrato para atender inundaciones en Sahagún (Córdoba), por 28.146 millones de pesos, y otro para el alquiler de 7.500 horas de maquinaria amarilla en Riohacha (La Guajira), por 2.125 millones.