501 mujeres asesinadas y más de 7.000 denuncias de abuso en 2025

En cuanto a la distribución regional, Antioquia registra la cifra más alta con 66 casos, seguida por Bogotá con 51, Atlántico con 36 y Valle del Cauca con 34, entre otros departamentos. Cada número corresponde a una vida arrebatada y refleja la magnitud de un drama que persiste año tras año en el país.

Un análisis más detallado de las cifras muestra que los 501 feminicidios registrados entre enero y julio de 2025 no se distribuyen de manera uniforme a lo largo del año, sino que presentan variaciones significativas mes a mes.

En enero se documentaron 80 casos, en febrero 47, en marzo 79, en abril 72, en mayo 86, el mes con mayor número de hechos, en junio 65 y en julio 72. De ahí que organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo insistan en la urgencia de medidas más efectivas para enfrentar esta tragedia.

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Los llamados coinciden en que muchas de las mujeres asesinadas habían alertado previamente sobre las amenazas en su contra o acudido a las autoridades en busca de protección, sin que se activaran mecanismos que garantizaran su seguridad.

Esta falla estructural en la respuesta institucional no solo aumenta la sensación de desamparo, sino que también pone en evidencia la necesidad de replantear las rutas de atención, fortalecer las medidas de prevención y asegurar que las denuncias no terminen en trámites estériles, sino en verdaderas acciones de salvaguarda de la vida.

A las dramáticas cifras de feminicidios se suman las de acoso y abuso sexual, que reflejan una violencia sistemática contra las mujeres en el país. Entre enero y mayo de 2025 se interpusieron 6.401 denuncias, lo que equivale a más de 40 casos diarios. Más allá del impacto numérico, la cifra evidencia una realidad persistente: miles de mujeres, en su mayoría niñas y adolescentes, siguen siendo víctimas de un delito que continúa reproduciéndose sin que existan respuestas contundentes para detenerlo.

La impunidad agrava el panorama: el 99 % de los casos de acoso sexual permanecen sin resolución judicial, según la Red Nacional de Mujeres, lo que deja a las víctimas en un limbo de desprotección.

A esto se suma que cada día, 87 menores de edad sufren violencia sexual y el 88 % de quienes denuncian son mujeres, de acuerdo con el ICBF.

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Pero las estadísticas no cuentan toda la historia. A las víctimas que logran denunciar, el sistema judicial muchas veces les da la espalda.

La revictimización durante los procesos, los retrasos injustificados en las investigaciones y el uso de prejuicios machistas como argumentos en su contra hacen que enfrentarse a la justicia sea casi tan doloroso como el crimen sufrido. No sorprende entonces que más del 70 % de las mujeres que padecen violencia sexual en el país decidan no denunciar, porque temen que nadie les crea o que sean señaladas y humilladas en el mismo escenario que debería protegerlas.

Las cifras, en este sentido, no solo reflejan la magnitud de la violencia, sino también la profundidad de una desconfianza estructural en las instituciones encargadas de garantizar justicia y protección.

Ese contexto de impunidad tiene rostro propio en el caso de Robert Andrés Colonia González, conocido como “Gono Taser”. Su nombre se convirtió en sinónimo del fracaso del Estado frente a los delitos sexuales. En 2018 fue capturado tras la denuncia de una joven de 21 años que lo señaló de haberla violado y torturado en su vivienda en Bogotá.

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Según el relato de la joven, después de compartir unas cervezas, el hombre la agredió sexualmente y registró todo en un video. Posteriormente, le envió la grabación a su propio WhatsApp y la intimidó con difundirla públicamente si no accedía a tener un encuentro sexual con otra persona.

Una vez las autoridades procedieron con la captura del sujeto, en la vivienda encontraron drogas, cámaras ocultas y más de mil videos con presuntas agresiones sexuales. A raíz de ello, comenzaron a aparecer los testimonios de más de 150 mujeres que lo acusaron, varias de ellas menores de edad.

Lo grave, entre todo lo que ya es grave, es que siete años después, la justicia apenas ha tramitado cuatro de los casos y solo uno llegó a condena: doce años y medio de cárcel por abuso sexual y constreñimiento ilegal contra una menor de 17 años que conoció en redes sociales. El resto permanece en la penumbra de la impunidad, con denuncias de revictimización, audiencias aplazadas una y otra vez y, lo más grave, la desaparición del disco duro con los videos, pieza clave en la investigación.

Uno de los episodios más atroces es el de una joven que asegura haber sido retenida en la vivienda del agresor, donde fue víctima de violencia sexual en la que habrían participado terceros, y posteriormente sufrió empalamiento.

A pesar de la gravedad de los hechos, seis años después de interpuesta la denuncia la Fiscalía apenas la convocó para ampliar su testimonio.

En este proceso, el acusado deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura, secuestro y constreñimiento ilegal. Desde 2018, Colonia permanece recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá.

En 2020 protagonizó un motín con intento de fuga y, además, ha estado vinculado a varios hechos de indisciplina y vandalismo dentro del penal. Aun así, el sistema penitenciario le otorgó una reducción de siete meses en su condena por supuestas labores intramurales.