$2.222 millones en un mes: así se mueve la contratación en el Ministerio del Interior en la era Benedetti

Los números son dicientes: en poco más de un mes, en promedio en la era Benedetti cada día se ha suscrito un contrato en el Ministerio y hoy esa contratación ya supera los $2.222 millones. Dichos contratos oscilan entre $16 millones y $130 millones, aunque el promedio es de $67,9 millones. La fecha de ejecución, predominantemente, es de ocho meses. Es decir, hasta diciembre próximo.

Según una revisión hecha por EL COLOMBIANO en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), salvo dos contratos –uno de mínima cuantía para adquirir servicios para realizar exámenes médicos en la entidad por $36 millones, y otro para soporte y mantenimiento del sistema de información, por $216 millones–, Benedetti ha contratado a 29 personas para diferentes roles en la entidad.

Las cifras indican que si bien la mayor cantidad de contratistas (siete) han sido para la Oficina Asesora de Planeación –cuya contratación asciende a $411 millones–, la dependencia con mayor gasto es la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Allí, en un mes, han sido contratadas cinco personas con recursos que superan los $443 millones.

Justo en esa dependencia aparece Julio César Sánchez Suárez, quien obtuvo un contrato por $130 millones para “apoyar los procesos de evaluación, análisis y procesamiento de información frente a los escenarios de riesgo en materia de seguridad y orden público”.

Figura además Heyzel Margarita Melo Burchardt, quien trabaja directamente en el despacho de Benedetti adscrita a la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra la Trata. Se hizo a un contrato por $114’800.000 para acompañar y articular “espacios de comunicación entre el despacho del ministro y demás entidades con el fin de fortalecer las políticas” de la Subdirección.

En el top de contratos más onerosos sobresale el de Juan Pablo Sarmiento Erazo, quien recibirá $104 millones por “prestar sus servicios a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, brindando acompañamiento jurídico en temas contractuales”.

Allí aparece, por ejemplo, el viceministro Jaime Luis Berdugo Pérez, quien estuvo vinculado a una empresa del megacontratista Euclides Torres, quien –como admitió Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro– supuestamente financió el recordado evento de campaña de la ‘P’ en Barranquilla. Previamente, fue asesor de Benedetti en el Senado y trabajó como director del Área Metropolitana de Barranquilla en la alcaldía de Alejandro Char.

De hecho, en el listado aparece otro nombre relacionado con el Clan Char, tan cuestionado por el entonces senador Gustavo Petro. Se trata de Ronald José Gordillo Jiménez, quien fue alcalde local de Barranquilla durante la segunda administración de Alejandro Char (2016-2019). Ahora aterriza como otro de los asesores de Benedetti.

Justamente, en el ramillete de asesores figura también Karin Stefanía Pupo Benito Revollo, hija de la excongresista de Sucre Muriel Benito Revollo, quien fue condenada por parapolítica. Sin embargo, según reveló la Revista Cambio, la asesora de Benedetti fue representante legal suplente de una de las empresas que Emilio Tapia compró en 2020 para conformar la Unión Temporal Centros Poblados, implicada en el escándalo de corrupción en el Ministerio TIC.

Entre los cargos se destaca además Richard Gamboa Ben-Eleazar, jefe de la Dirección de Asuntos Religiosos, señalado de hacerse pasar por rabino con un cuestionado certificado, además de haber emitido comentarios descalificando a la comunidad judía y ratificando su rol como propalestino.

Adicionalmente, Benedetti nombró como directora técnica de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno a Nhora Mondragón Ortiz, quien fue secretaria de Gobierno de Cali durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina.

A ella suma Yitcy Becerra Díaz, jefe de la Oficina de Información Pública del Ministerio, quien aspiró al Congreso con el aval del Nuevo Liberalismo y viene de ser secretaria General del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la era del también valluno Alexander López.