15 exsoldados quedaron sin antecedentes judiciales tras decir verdad sobre ‘falsos positivos’ en Antioquia
- Colombia
- marzo 28, 2025
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Este jueves se llevó a cabo en Dabeiba la audiencia pública que resolvió la situación jurídica de 15 militares que participaron en estos crímenes entre 2002 y 2007.
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Este jueves se realizó la audiencia pública de definición de la situación jurídica de comparecientes de la fuerza pública no seleccionados como máximos responsables en el Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. FOTO: Cortesía JEP
A mediados del 2005, al entonces teniente a cargo del Batallón Contraguerrilla #79 del Ejército, Fidel Ochoa Blanco, que operaba en Dabeiba, Antioquia, le llegó una denuncia de un ganadero llamado Santiago Toro, a quien supuestamente estaban extorsionando los guerrilleros de las Farc. En la noche del 11 de julio de ese año, el batallón entró hasta una vereda del municipio donde vivía Diofanor Guisao Raos, de 17 años, a quien Toro señaló como uno de los extorsionistas. Los militares se lo llevaron, a pesar de la protesta de la familia del muchacho, hasta una casa abandonada donde pasaron varias noches. A los tres días, el 14 de julio, los militares con Guisao salieron en búsqueda del otro supuesto extorsionista, Isidoro de Jesús Cardona, a quien no encontraron en su casa, pero con tan mala suerte que se lo toparon en el camino de regreso. También se lo llevaron, teniendo como única prueba el señalamiento del ganadero. Caminaron y pararon a descansar en un sector conocido como La Y. Por ahí pasaba una moto que conducía un muchacho que llevaba como pasajera a una niña de 13 años. Los militares los retuvieron y, por casualidad, se dieron cuenta de que la niña conocía a Isidoro, y entonces también se la llevaron. Se llamaba María Seneida Areiza, le gustaba el fútbol y el vallenato, como a su amigo Isidoro.
Luego, los militares llevaron a los tres jóvenes hasta una finca llamada Tamarindales, en Dabeiba, y los distribuyeron por partes separadas. A cada uno le asignaron entre dos y tres soldados que se encargaron de asesinarlos, indefensos. Mientras tanto, los militares que quedaron libres, disparaban al aire para simular un combate.
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Una vez terminado el combate ficticio, los reportaron como guerrilleros muertos en combate y sacaron sus cuerpos en una volqueta, para finalmente enterrarlos como N.N en el cementerio de Dabeiba.
Todo eso se sabe hoy, 20 años después de que ocurriera, porque el Teniente Manuel Antonio Quintero y los soldados Ricardo Vuelvas, Juan David Aguirre, Carlos Andrés Carabalí y Oswaldo Arrieta, quienes dispararon, contaron la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Verdad que no solo le dijeron a los magistrados del tribunal, sino también a los familiares de las víctimas, sentados a una mesa de distancia.
Como ellos, 15 exmilitares que fueron declarados como “no máximos responsables”, es decir, cargos bajos y medios, en el caso del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, donde se investigan y juzgan los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del estado, fueron liberados de todos sus procesos e investigaciones judiciales por decir la verdad completa, reconocer sus responsabilidades, ayudar a reparar y demostrar que no volverían a cometer nunca jamás semejantes crímenes.
“Hoy ante ustedes, con un corazón arrepentido, quiero decirle a las familias, al pueblo de Dabeiba, a Colombia entera que los jóvenes Isidoro de Jesús Cardona, Diofanor Guisao y María Senaida Areiza nunca pertenecieron a un grupo armado, fueron asesinados vilmente, sacados de sus casas de una manera cobarde por parte de la Fuerza Pública, por parte de nosotros”, dijo el soldado Oswaldo Manuel Arrieta, vestido de blanco y de cara a las víctimas (como todos sus compañeros), en el coliseo municipal de Dabeiba este jueves 27 de marzo en la audiencia pública en la que la JEP resolvió, después de años de investigación y trabajos de reparación y verdad, la situación jurídica de estos 15 antiguos miembros de la Fuerza Pública.
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El caso de Diofanor, Isidoro y María Senaida es solo uno de los 14 hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en esta región de Antioquia entre 2002 y 2007, que fueron revelados gracias a los testimonios de los comparecientes. En total, la cuenta de los asesinados y desaparecidos va en 29. En el cementerio Las Mercedes se han encontrado 59 personas sin identificar en 29 fosas comunes y una bóveda.
Cada uno de los casos, entre los que hubo masacres, muchachos pobres a los que les ofrecieron trabajos falsos para después asesinarlos, víctimas elegidas aleatoriamente en una fiesta comunal, guerrilleros que eran capturados en estado de indefensión, fueron expuestos detalladamente por los magistrados y reconocidos por los victimarios. Además, los comparecientes tenían que responder de qué manera podrían dignificar el nombre de las víctimas, que no solo fueron asesinadas y desaparecidas (muchos cuerpos siguen sin encontrarse) sino estigmatizadas, señaladas durante años como guerrilleros responsables de los crímenes más crueles, merecedores de su suerte.
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Eso le pasó, por poner otro ejemplo entre tantos, a Edison Alexander Lezcano, a quien sacaron de su casa, en el sector Alto Bonito, en Dabeiba, el 18 de mayo del 2002, delante de su familia. La historia corta, porque se acaba el espacio, es más o menos así: el Batallón contraguerrilla #26 iba a hacer una operación contra el Frente 34 de las Farc. Cuando estaban llegando al lugar donde esperaban encontrarse con los guerrilleros, un centinela de la guerrilla empezó la balacera. Al centinela le dieron de baja y los guerrilleros huyeron despavoridos, pero los militares necesitaban bajas. Entonces hicieron salir a la gente de la vereda de sus casas y les pareció que Alexander cumplía con el perfil que buscaban. Por radio le dijeron al teniente que tenían una baja (el centinela) y un capturado. El teniente respondió que eso no era cierto, que la verdad era que tenían dos bajas. Entonces a Edison le dieron de baja, lo enterraron como N.N y le hicieron el informe falso correspondiente. Su padre, que lo vio salir de la casa el 18 de mayo del 2002, lo buscó durante años y nunca encontró respuesta. La justicia ordinaria nunca abrió una investigación sobre ese caso. Después de 18 años, el 17 de febrero del 2020, gracias al trabajo de la JEP, los tres hijos de Lezcano recibieron por fin el cuerpo de su padre.
Ahora, en Dabeiba, escucharon a los militares decir que no era ningún bandido, que era un campesino. La justicia y la verdad, si es que no son siempre la misma cosa, cojean…
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