12 municipios del Oriente quieren ser PDET; ¿por qué?

Doce localidades del Oriente antioqueño que actualmente están catalogadas como Municipios ZOMAC quieren que los “asciendan” a la denominación de PDET.

Ninguna de esas dos siglas tienen propiamente una connotación positiva, pues ambas se refieren a territorios que han sido afectados por el conflicto armado dentro del país, solo que después del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, implican niveles de priorización diferenciales para que sus pobladores puedan superar esa espiral que relaciona las situaciones de carencia con la violencia ejercida por los grupos armados ilegales.

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Para simplificar la explicación, podría decirse que en las partes donde la confrontación armada dejó huellas más profundas porque se desarrolló en un terreno “fértil”, donde la acción de los armados se combinó con niveles de pobreza altos, cultivos ilícitos o debilidad de la presencia institucional, se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con el fin de cerrar las brechas de desarrollo con relación al resto; y otros de “segundo grado de afectación” los metieron dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC).

Estar en la primera casilla implica poder acceder a una bolsa de cinco billones de pesos anuales de los Ocad Paz para distribuir entre 170 municipios de todo el país, en tanto que existe otra billetera de un billón de pesos del ítem de Obras por Impuestos en la que participan tanto los anteriores como los 347 municipios ZOMAC. Es decir que la diferencia es sustancial

Ocad Paz significa Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz y es una instancia del Sistema General de Regalías encargada de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados de esa fuente de recursos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz. Por otra parte, con los recursos de Obras por Impuestos se pueden financiar proyectos de infraestructura, desarrollo agropecuario, servicios básicos y fortalecimiento institucional.

En el caso del Oriente antioqueño y aunque esta fue una de las áreas de Colombia con más víctimas, a la hora de la verdad solo 12 entraron como ZOMAC.

Por eso, ahora cuando existe un proyecto de ley en discusión en el Congreso para ampliar tanto el tiempo de implementación como la lista de priorizados, los alcaldes de la subregión antioqueña están pidiendo que se subsane la que consideran una injusticia al no haberlos priorizados como PDET, según los exponen en una carta que le enviaron a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Otra versión habla de que, en realidad, si no fueron incluidos en el listado fue porque cuando se proyectaba la Ley 893 de 2017, que les dio vida a los PDET, los antecesores de estos mandatarios no eran partidarios de la iniciativa.

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Una petición adicional es que la plata de Obras por Impuestos para los ZOMAC se incremente a dos billones de pesos y que se incluya la posibilidad de manejar la plata mediante fiducia como estímulo para atraer inversión privada hacia proyectos prioritarios para las comunidades, según indicó el alcalde de San Carlos, Santiago Daza.

Una fuente de la Unidad de Implementación de los Acuerdos de Paz (UIAP) en Antioquia, le explicó a este diario que existen puntos grises en la interpretación de la Ley 893, de manera que algunos consideran que no es claro si esta le permite al Gobierno Nacional, mediante decreto, sumar más municipios PDET, fuera de los 170 actuales y esas serían las facultades que dejaría claro el proyecto en ciernes que ya pasó el examen de la Cámara.

“Lo que se quiere es que el Gobierno pueda tener esas acciones diferenciales y reunir los municipios ZOMAC y los PDET en una sola categoría”, explicó la fuente; no obstante, al parecer, hay buen ambiente para emprender la discusión y dar posiblemente una respuesta afirmativa tan pronto comience la legislatura, el próximo 20 de julio.

La comunicación de ahora hacia los miembros de la célula congresional para que le dé luz verde a esa posibilidad es producto del debate que dieron en un encuentro realizado en San Carlos entre el 12 y 13 de junio pasados, donde fuera del mandatario anfitrión estuvieron los de San Rafael, San Luis, Granada, Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral, Alejandría, Cocorná, San Francisco y Concepción.

A esa reunión asistieron los burgomaestres, además de delegados de la Gobernación de Antioquia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), diputados, varios parlamentarios de la bancada antioqueña en el Congreso, la Corporación Empresarial del Oriente y representantes de firmas que han ejecutado Obras por Impuestos en esta subregión, como Argos, Ocensa y EPM.

“Pese a la reducción de la violencia tras el Acuerdo de Paz con las Farc, la región sigue expuesta a dinámicas de criminalidad, economías ilícitas y exclusión social, particularmente en áreas rurales, donde persisten brechas abismales frente a los centros urbanos”, dicen los alcaldes en su misiva.

El alcalde Daza recalca que en el Oriente todavía hay muchas veredas con pobreza multidimensional, con sembrados de coca, minadas y sin vías. A eso se une que se ha visto un avance de los grupos paramilitares incluso en zonas urbanas.

Ello no quiere decir que no se hayan hecho cosas, mediante las posibilidades que dan las ZOMAC, pues por ejemplo en San Carlos, que ha tenido cierto liderazgo en este aspecto, hubo inversiones superiores a $7.400 millones en computadores portátiles y dotación de sedes educativas, fuera de que, con San Rafael, estuvieron en proyectos de mejoramiento de centros de desarrollo infantil; y con Granada han adquirido maquinaria amarilla para vías terciarias.

No obstante, en la perspectiva de ser PDET, están planteando varias posibilidades en beneficio de los cerca de 200.000 habitantes de los 12municipios enunciados, como conexiones viales entre las que se encuentran la carretera entre Alejandría y Guatapé y otra entre el Oriente y el Magdalena Medio.

Un aspecto más por resolver son los planes maestros de acueductos y alcantarillado y “además se está buscando que se aplique la reforma rural integral con proyectos productivos como cacao, y proyectos de turismo comunitario; placa-huellas y en general conectividad con el campo que fue donde se libró el conflicto armado”, de acuerdo con Daza.

En el caso de San Carlos, este es un municipio donde ocurrieron 33 masacres entre 1998 y 2010, más de 250 desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de más de 18.000 personas, o sea casi toda su población.

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“El hecho de que nuestros territorios y nuestra gente haya sido tan resiliente no debiera significar una exclusión o castigo; fuera de que todavía hay situaciones de pobreza extrema en zonas del municipio que no se han podido volver a habitar”, puntualizó el alcalde Daza.

En la Ley 893 los PDET tienen plazo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2026, y la propuesta con el proyecto de Ley 279 de 2024 es que se prolonguen por 10 años más.