Capturaron a cuatro personas por minería ilegal que extraía 5.400 toneladas de materiales al mes en Suárez, Tolima
- Colombia
- septiembre 2, 2025
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El procedimiento hace parte de los operativos que en 2025 se concentran en Antioquia, Cauca y Bolívar, regiones priorizadas en la lucha contra la minería ilegal.
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Fotografía panorámica de la captura a las cuatro personas y a la incautación. FOTO: CORTESÍA
En la vereda Batas, municipio de Suárez (Tolima), militares y policías capturaron a cuatro personas por explotación ilícita de yacimientos mineros. En el lugar fueron incautadas dos máquinas —una retroexcavadora y una excavadora— y material extraído de manera ilegal.
En la acción participaron tropas de la Sexta Brigada del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía y Cortolima. Las autoridades reportaron cuatro capturas en flagrancia por explotación ilícita. Además, se inmovilizaron una retroexcavadora y una excavadora avaluada en $680 millones, junto con material extraído.
Según el parte operativo, en el punto se extraían cerca de 5.400 toneladas mensuales de materiales. Los cálculos institucionales estiman un daño ambiental con tiempos de recuperación de hasta 30 años.
La información oficial también vincula la economía ilegal de la zona con redes criminales, que recibirían más de $46 millones al mes por esta actividad.
Este procedimiento se suma a las operaciones de 2025 en regiones priorizadas por la Fuerza Pública, que incluyen Antioquia, Cauca y Bolívar, departamentos donde se concentran esfuerzos y presencia de unidades especializadas.
El crecimiento de la minería ilegal
Para diciembre de 2024, la Procuraduría advirtió que la minería ilegal estaba presente en 29 de los 32 departamentos y afectaba a más de la mitad de los municipios del país. El Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio documentó, además, la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos en varias regiones, con efectos directos sobre fuentes hídricas, suelos y cadenas de consumo.
Fue así que en mayo de este año, el Ministerio de Defensa puso en marcha la estrategia MIDAS (Minería Ilegal, Delito Ambiental y Seguridad), que concentra esfuerzos en Antioquia, Cauca y Bolívar. Solo en los primeros meses de 2025 fueron intervenidas 2.286 minas ilegales, con la incautación de 188 máquinas y la destrucción de otras 220.
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Las operaciones también permitieron la captura de 594 personas vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros.
Además, el Ministerio de Defensa informó que entre enero y julio de 2025 fueron incautadas 460 máquinas usadas en minería ilegal, un 22 % más que en 2024, cuando se registraron 376. El récord de la última década se dio en 2024, con 535 equipos decomisados en total.
Pese a estos resultados, el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que las medidas militares y policiales no bastan para frenar el avance de esta economía ilícita. Según dijo, contener la extracción ilegal de minerales exige una estrategia integral que articule a las instituciones del Estado con el sector privado y con las comunidades afectadas.
Esto, también se ve reforzado con un diagnóstico de la Defensoría del Pueblo en abril 2024 sobre el tema, del que señalaron que la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como fuente de financiación para grupos armados ilegales. Disidencias de las Farc, el ELN y bandas de alcance regional controlan corredores estratégicos en departamentos como Nariño, Cauca y Chocó, donde instalan dragas y maquinaria pesada.
Estos actores armados han transformado su estrategia: a medida que disminuyen los cultivos de coca o varían los precios, aumentan su interés en la explotación de oro, carbón y materiales de construcción. Este control sobre los territorios mineros ha derivado en enfrentamientos, alianzas temporales y mayores niveles de extorsión a las comunidades.
Las disputas han dejado como saldo desplazamientos masivos, reclutamiento de menores y confinamiento de poblaciones indígenas y campesinas.
Según la Defensoría, esta situación se ha agravado durante los últimos ceses al fuego, que han sido aprovechados por las organizaciones criminales para expandir sus operaciones.
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